Editorial

Corrupción: que no sea en vano

LA confirmación de que el caso de los ERE provocará que Andalucía, y todo el mundo, vea en el banquillo de los acusados a los principales protagonistas de dos decenios de gestión es la última gran gota que cae sobre un rebosante vaso de la indignación por la corrupción del gobierno de lo público. La corrupción es una carcoma que, en los casi cuarenta años de democracia reinstaurada, afecta a prácticamente todo el arco político, a la gran mayoría de las comunidades autónomas, muchos e importantes ayuntamientos. El listado se hace dolorosamente interminable y hasta cansino, basta poner las iniciales por orden alfabético de los más renombrados -por desgracia hay muchos más- y quedan escasas letras sin usar: AVE, Acuamed, Astapa, Banca Catalana, Bankia, Bárcenas, Brugal, CAM, CCM, Camisetas, Emperador, de los ERE, Fabra, Filesa, Flick, Forcem, de la Formación, Guateque, Guerra, Gürtel, Harrag, Hügel, ITV, Imelsa, Innova, Teresitas, Madeja, Malaya, Marea, Mercasevilla, Método 3, Naseiro, Nóos, Palau, Pallerols, Palma Arena, Púnica, Pujol, Taula... La proliferación y afectación a casi todas las fuerzas que han gobernado, con especial énfasis a PP y PSOE en todo el ámbito nacional y a los principales partidos nacionalistas que han llegado al gobierno de las comunidades que dicen defender, hace que el problema esté entre los más graves que detectan los españoles, según el Centro de Investigaciones Sociológicas, o que haya sido caldo de cultivo para fenómenos sociales y políticos que hoy reconfiguran el mapa público español. La corrupción es un mal endémico pero no debe pasar en vano ni ser irremediable. Hace falta, ante todo, un cambio de mentalidad; dejar de ver al defraudador con bondad y hasta admiración: es la primera corrupción. Por ello, sea cual sea el resultado de las elecciones del día 26, una de las primeras tareas que ha de emprender el Ejecutivo que, esperemos que esta vez sí, salga del Congresos de los Diputados, debería ser la búsqueda de consenso para un gran pacto contra la corrupción, con medidas concretas que permitan mayor control y seguridad jurídica; reformas que eviten la parálisis que viven muchas administraciones hoy día por temor a la judicialización y que garanticen una gestión no sólo transparente sino también eficaz. Ese pacto debería replantearse también que el simple hecho de ser investigado no puede acabar con la vida civil de personas que luego no resulten merecedoras de reproche penal. Ese ataque a la presunción de inocencia corrompe también el sistema y lejos de sanearlo le perjudica. Y es triste que los partidos emergentes que, por nuevos, apenas protagonizan casos, destruyan un principio básico y el reparto de poderes propios de una democracia.

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