DE la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera convocado para fijar los objetivos de estabilidad presupuestaria de las comunidades autónomas para 2009 y 2010 se extraen tres implicaciones de alcance. La primera, que ha arrancado el proceso de negociación sobre el nuevo modelo de financiación autonómica y que, como ya todo el mundo intuye por los posicionamientos estratégicos que se van produciendo, no hay expectativas de acuerdo inmediato. Es más, se espera la formación de alianzas regionales de apoyo y rechazo a la postura que poco a poco va desgranando el Gobierno, en cuya composición interna es muy probable que tengan más influencias las afinidades económicas que las ideológicas.

La segunda implicación es que, según el Gobierno, la economía española va a crecer este año y el que viene un 2,3%. Eso es lo que han ratificado por mayoría, pero no por unanimidad, los participantes en el Consejo y lo han hecho justo cuando el INE anunciaba sus estimaciones sobre crecimiento del PIB en el primer trimestre en un 2,7%, que es bastante inferior al 4,1% de un año antes.

Se confirma, por tanto, el estancamiento de la economía, a pesar de que en los detalles del cuadro macroeconómico todavía se perciben algunos rescoldos de la actividad económica heredada de la primera mitad del 2007. Por ejemplo, la inversión en el sector de la construcción, que consiguió crecer un 1,3%, que puede parecer reducido, pero que no deja de ser una variación positiva en última instancia. Las perspectivas son bastante peores y es muy probable que el segundo trimestre se cierre con un crecimiento negativo, que será la tendencia dominante hasta finalizar el año, como mínimo.

La tercera implicación es que la posición defendida por el Gobierno carece de credibilidad. No sólo no ha conseguido convencer a los representantes de las comunidades gobernadas por el Partido Popular, sino tampoco al representante socialista de la Generalitat catalana. Los escépticos vienen a decir que con datos como los que acaba de publicar el INE no se puede confiar en que el declive esté próximo a finalizar y que no hay síntomas de que los ajustes para el inicio de un nuevo ciclo hayan comenzado a producirse. Además están los datos sobre evolución del empleo e inflación, sobre los que cualquier especialista imparcial tiene que reconocer que la estrecha relación que entre ambos existe determine que un aumento de la inflación acabe repercutiendo en un mayor volumen de paro y que si un país tiene más inflación que sus vecinos, es muy probable que también tenga un mayor volumen de desempleo.

Por todas estas razones, parece evidente que existe un conflicto de credibilidad en la política económica del Gobierno, cuyas consecuencias conviene valorar prudentemente. Hace cuatro años que Kydlan y Prescott recibieron el Nobel de Economía por demostrar que cuando un gobierno comete errores de diagnóstico y previsión sus políticas resultan ineficaces, pero que lo verdaderamente importante es que cuando se produce una crisis de confianza, el éxito de las decisiones futuras de política económica queda significativamente condicionado.