La tribuna

Teresa Agudo López

Crisis y contrato a tiempo parcial

LA información aparecida el 3 de febrero en Diario de Sevilla de que "ocho de cada diez nuevos parados andaluces en el mes de enero son mujeres", está en la génesis de estas reflexiones que queremos relacionar con la propuesta del Gobierno a los interlocutores sociales sobre las líneas de actuación en el mercado de trabajo, en particular lo referente a la contratación a tiempo parcial.

Es una evidencia que la crisis económica se está cebando con las personas más débiles, hombres y mujeres que llegan a duras penas a final de mes. En un principio afectó a la construcción, actividad muy masculinizada, y ésta ha arrastrado a otros sectores, entre ellos el de los servicios, en los que trabajan mayoritariamente las mujeres.

Tenemos una legislación avanzada en materia de igualdad, concretamente las leyes de igualdad estatal y andaluza, que prevén la transversalidad de género, esto es, que el objetivo de la igualdad impregne todas las políticas, actuaciones, normativa, y la aplicación, ejecución e interpretación por jueces y tribunales de la misma. También regulan la posibilidad de acciones positivas, definidas legalmente como aquellas "medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres", medidas que, sin duda, se están llevando a cabo en nuestra Comunidad Autónoma, exigiendo la presencia, no ya equilibrada, sino paritaria, de mujeres y hombres en las correspondientes convocatorias públicas.

La crisis económica tiene relación con la propuesta que ha presentado el Gobierno a los interlocutores sociales, en especial con los contratos a tiempo parcial, de los que casi el 80% corresponde a mujeres y se concentran mayoritariamente en el sector servicios. La voluntariedad del trabajo a tiempo parcial es prácticamente nula. Se realiza porque no se contrata de otra manera, esto es, a tiempo completo, o por la imposibilidad de conciliar trabajo con las responsabilidades familiares y domésticas, en modo alguno con la vida personal y social.

¿Quién tiene que conciliar vida laboral y familiar? Parece, por las estadísticas, que somos las mujeres las que tenemos que hacerlo, razón por la que un buen porcentaje se ve obligada a aceptar un trabajo a tiempo parcial. ¿A quién beneficia? Principalmente al Estado, porque las mujeres suplimos con nuestra dedicación el cuarto pilar del estado de bienestar -guarderías, residencias, atención a personas mayores, con discapacidad, etc. En definitiva, se beneficia la sociedad a costa del invisible y silencioso trabajo de las mujeres.

El trabajo a tiempo parcial no sólo tiene efectos perniciosos en el momento de su realización, al percibirse salarios sustancialmente inferiores; los tiene muy especialmente de cara al futuro, pues las mujeres que trabajan con remuneración a tiempo parcial van a percibir pensiones de jubilación irrisorias, siendo incluso probable que no tengan derecho a ella, pues no basta haber trabajado 15 años, se ha de hacer a tiempo completo.

Esta situación conculca el derecho a la igualdad, consagrado en el art. 14 de nuestra Constitución. E implica, como ya pusiera de manifiesto el Tribunal Constitucional en 2004, una clara discriminación indirecta al dificultar el acceso a la protección del sistema de Seguridad Social a quienes trabajan a tiempo parcial, que son predominantemente mujeres, con el consiguiente impacto adverso para las mismas.

A raíz de esta sentencia, se establecieron nuevas reglas para la percepción de la pensión de jubilación de quienes habían trabajado a tiempo parcial, pero no hasta el punto de equipararlo al trabajo a tiempo completo.

Por ello, cuando el Gobierno, en el documento que ha presentado a los interlocutores sociales manifiesta que "la reforma debería incluir, en general, una mejora del régimen de protección social del contrato a tiempo parcial, modulando las diferencias actualmente existentes con los contratos a jornada completa", consideramos que es una buena noticia para que la crisis no se cebe aún más sobre las mujeres. No es justo que quien ha trabajado 20 años a tiempo parcial y ha dedicado el resto del tiempo a trabajar en beneficio de la comunidad, ahorrándole al Estado los gastos que implican el cuidado de las personas dependientes en general, se encuentre que al cumplimiento de los 65 años no pueda acceder a una pensión de jubilación decente.

Obviamente, las mujeres no buscamos ni queremos trabajar a tiempo parcial, pero, como dijo Einstein, no podemos pretender que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Es una buena propuesta la que ha puesto el Gobierno sobre la mesa, una propuesta que convierte la crisis en oportunidad para todas aquellas mujeres que se han dedicado y se dedican a las labores domésticas y de cuidado, y a un trabajo remunerado a tiempo parcial, y es una buena ocasión para que se ponga en marcha la corresponsabilidad.

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