DESCONOCEMOS qué factores han pesado más para que los sindicatos convoquen una huelga general para hoy, si estrictamente la reforma laboral que ya se encuentra en tramitación parlamentaria, o la política económica general del Gobierno, que incluye una reducción generalizada del gasto público. O incluso reformas que se abordarán pronto, como la actual ley de pensiones.

Si es lo primero, están en su papel de defender la actual legislación laboral que ampara determinados derechos que el gobierno quiere modificar. Pero aunque la reforma no vaya a resolver el problema del paro a corto plazo, si puede contribuir a mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo, aunque tendremos que esperar más de un año para conocer su impacto.

Las mayores posibilidades que se abren para la reducción de jornada, en plena crisis, debería contribuir a una menor volatilidad del empleo indefinido, aún a costa de que varíe más el número de horas trabajadas. También las mayores bonificaciones en las cuotas de la seguridad social contribuyen.

Esas medidas deberían ser aplaudidas por los sindicatos. También deberían serlo el mayor coste del despido para los temporales y la limitación que se impone al encadenamiento de la contratación.

Una menor temporalidad y también menor volatilidad deberían impulsar el crecimiento de la productividad, efectos que también deberían acogerse favorablemente. Pero no va a gustar nada la pérdida de poder centralizador de la que actualmente gozan, al permitir descolgarse más fácilmente a las empresas de los acuerdos nacionales o sectoriales que se lleven a cabo. Por lo demás, dudamos de que se reduzca la judicialización de las relaciones laborales, en un país en donde los bufetes laboralistas emplean a casi 70.000 personas, que tienen que buscarse la vida y en donde los jueces tienen con frecuencia que enfrentarse a aspectos económicos para los que no están preparados, alargando los procesos.

Puede entenderse que, a pesar de que el marco legal laboral vaya a mejorar ligeramente, los sindicatos tengan que ofrecer la imagen de protectores de los trabajadores.

Ahora bien, si lo que se pretende no es sólo protestar por la reforma laboral, sino que el Gobierno dé un cambio significativo a la política económica general, entonces cometerán un grave error. La gente tiene sentido común, sabe que la situación es grave y que no se arregla con mayor gasto público.

En la prensa se lee a diario las dificultades que están teniendo algunos gobiernos europeos, incluyendo el español, para colocar deuda pública con la que después financiar los anunciados planes de gasto. El país tiene los recursos racionados y limitados por los mercados financieros, que están dudando de nuestra capacidad para devolver los fondos. Ignorar esta restricción sería suicida y abocaría al país a una debacle económica como la que actualmente padece Grecia.

Esperemos que, por mucho éxito que tenga la huelga general, el Gobierno no cambie su política económica de austeridad y contención del gasto. Nos jugamos el futuro de todos.