palabra en el tiempo

Alejandro V. García

Crujidos

VUELVE Baltasar Garzón, o mejor dicho, se reanudan los procesos contra el ex magistrado de la Audiencia Nacional, y conforme el mecanismo judicial hace girar sus ruedas dentadas se hacen más audibles los chirridos, los golpetazos del martillo pilón, las cacofonías. El Tribunal Supremo sentará, primero, a Garzón en el banquillo por ordenar la intervención de las comunicaciones de los abogados de los cabecillas de la red Gürtel. Y luego, presumiblemente, lo sentará por su investigación de los crímenes del franquismo. En ambos casos tendrá que responder de un delito de prevaricación. El Supremo estima que el juez no sólo se equivocó sino que lo hizo consciente de que estaba infringiendo la ley. Se trata de percepciones muy subjetivas. O de una colisión de subjetividades que interpretan un mismo hecho de dos maneras bien distintas. En el caso de las escuchas, la Fiscalía defiende que Garzón no conculcó la ley ni violó el derecho a la defensa; el Tribunal Superior de Madrid lo reduce a una extralimitación procesal pero no entiende que el magistrado prevaricara.

En el caso de los crímenes contra el franquismo el panorama se desliza por la misma ambigüedad. No fue una interpretación discutible sino una ruptura consciente de los preceptos legales. La subjetividad de los intérpretes del Supremo vuelve a suponer meandros y recodos en los movimientos procedimentales del juez.

La maquinaria del Supremo chirría. Chirría no sólo por la debilidad de las interpretaciones sino también por el contexto: Garzón es para muchos de sus compañeros, y para un sector político, un tipo odioso. Los dos procedimientos que le han costado el abandono de la Audiencia Nacional también se pueden resumir así: uno, ha sido quitado de en medio por remover los crímenes de la dictadura, y dos, por un exceso de celo en aclarar la suciedad que se mueve por el pericardio del partido que pretende el poder. Enemistades feroces, intereses políticos e interpretaciones discutibles.

¿Qué pasaría si Garzón fuera absuelto en uno o en ambos casos? ¿En qué quedaría la inquisición de los magistrados del Supremo? ¿En un fallido intento de aplicar la ley sobre Garzón o en una inquietante tentativa de buscarle los flancos a sabiendas de su patente ilegalidad? La tesis de que cualquier extralimitación es fruto de una intención aviesa conduce a un peligroso y arriesgado sinsentido, a una cadena sin fin de presunciones que para nada mejoran la imagen ya deslustrada de las altas instancias judiciales del país.

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