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pilar Cernuda

Cuestión de sensibilidad

Desahucios. El desalojo de viviendas se ha convertido en el símbolo más penoso de la crisis y en la búsqueda de soluciones se abren camino la demagogia y los alardes de complicidad

HACE un mes, el presidente de uno de los grandes bancos de este país, uno de los que ha acumulado mayor número de créditos hipotecarios, explicaba en un encuentro reservado con periodistas que en 2012 su entidad había aceptado 2.300 daciones en pago. Y advertía que, como él, otros bancos habían llegado al mismo acuerdo con algunos de los clientes que no podían hacer frente a sus deudas hipotecarias, y que se inclinaban por esa solución y no otras, que consideraba más gravosas para su economía familiar o de imposible cumplimiento.

Semanas antes, a principios de año, un directivo de un banco de la competencia, comentaba a esta periodista que no podía ofrecer el dato de cuántas daciones de pago habían concedido sus oficinas, pero que era una fórmula que se daba con cierta frecuencia a pesar de que en ese momento la oposición exigía una ley que contemplara la dación en pago mientras que el Gobierno se mostraba más cauto porque la dación regulada a través de una ley implicaba que el acceso a un crédito hipotecario iba a ser inaccesible para la mayoría de los ciudadanos, porque los bancos estarían obligados a endurecer las condiciones para conceder créditos ya que no quieren viviendas o locales con los que saldar una deuda, sino que quieren que se salde la deuda a través de las cuotas correspondientes. Pero, insistía ese directivo, las daciones existen en España, y se llega a ese acuerdo previa negociación entre banco y clientes. Añadía que el personal de toda sucursal, de cualquier entidad, trata de llegar a un acuerdo por perjudicial que sea, porque siempre será mejor que no cobrar el crédito que se había concedido. Y si en tiempos pasados -explicaba- la fórmula del desahucio podía ser beneficiosa porque los bancos trabajaban con redes de subastadores que daban salida a los bienes inmuebles, desde hace años prefieren cualquier tipo de solución antes que incrementar el número de viviendas, garajes, oficinas o locales que se les acumulan si encontrarles salida en un mercado completamente paralizado.

El Colegio Oficial de Registradores de la Propiedad ofreció el jueves un dato que provocó una enorme sorpresa, y que confirmaba lo que habían señalado los dos banqueros: en 2012 se han producido algo más de 30.000 daciones en pago de primeras viviendas y de ellas en torno a 11.000 pertenecían a emigrantes, la mayoría de ellos latinoamericanos. De esa manera se confirmaba también lo que era un comentario habitual en la charla habitual de los clientes que cambian impresiones con el personal de las sucursales en las que tienen sus cuentas: en los dos últimos años un número importante de emigrantes que se han quedado sin empleo y se ven imposibilitados de hacer frente a sus hipotecas, sencillamente recogen sus casas y se marchan a su país de origen sin avisar al banco, que solo después de varios meses de impago y ante la falta de respuesta a sus requerimientos se encuentran con que su cliente se ha ido sin dejar ninguna pista de su paradero.

El desahucio se ha convertido en el símbolo más penoso, más dramático, de la crisis económica que sufre España y sobre todo de la falta de empleo. Distintos casos de desahucios han sobrecogido a infinidad de españoles sensibles ante la tragedia que supone ver a familias enteras sin un techo bajo el que acogerse, y ha provocado también numerosos suicidios. La desesperación llevada a su último extremo. Ante ese drama, tanto el Gobierno como los partidos de la oposición han dado prioridad a la tarea de dar solución a un problema humano que nunca se había sufrido en España en tan alto número y con tanta crudeza; y en la búsqueda de fórmulas que apacigüen el problema, que ofrezca algún tipo de salida a los afectados, se ha abierto camino la demagogia habitual en estos casos, que además se ha convertido en una especie de concurso en el que hay que demostrar quién tiene más sensibilidad para comprender la tragedia de quienes son obligados a dejar sus viviendas.

La Plataforma creada por Ada Colau se ha colocado en un primer plano social que hace pensar a muchos que la activista quiere iniciar carrera política, y además se ha dejado infiltrar por personas ajenas al problema de los desahucios. En Andalucía, el presidente Griñán ha sacado pecho logrando que pase a segundo plano el escándalo de los ERE con un decreto que regula las actuaciones ante los casos de desahucios y que ha provocado que los socialistas hayan pedido que se aplique al resto de España.

Sin embargo, el Gobierno apuesta por su propio proyecto y además no oculta su indignación por el acoso al que son sometidos dirigentes y militantes de su partido por parte de la Plataforma de Ada Colau y sus añadidos; y tampoco ocultan su indignación por las críticas del PSOE, al que recuerdan que en tiempos de Zapatero se produjeron más de 70.000 desahucios y que además no se tomó ninguna iniciativa legal para controlar las condiciones de los créditos hipotecarios.

La primera iniciativa que tomó el Gobierno del PP ha sido paralizar todo desahucio que no venga avalado por un juez que, previamente, haya tenido acceso no sólo a los datos del banco, como sucedía hasta ahora, sino acceso también a los datos familiares y personales de los afectados. No es lo mismo el trato que merece quien no ha hecho frente a sus pagos desde el primer día, que quien ha pagado hasta que su situación laboral y sus ingresos le han impedido hacerlo. Por otra parte, el juez también puede tener ya información sobre las propuestas de los bancos a los deudores para investigar si se producen casos de abusos o de usura. Esa primera iniciativa es un avance, pero ante la tragedia humana no es suficiente.

Con dificultades para negociar con la oposición porque el Gobierno, con mayoría absoluta, tiende a imponer su criterio y no aceptar enmiendas o sugerencias de otras fuerzas políticas, el decreto del Gobierno trata de superar las barreras legales que impiden la retroactividad, y por otra parte -la sensibilidad- ha anunciado importantes medidas que tendrán en cuenta la situación familiar de los afectados y, en el caso de que el juez decida el desahucio, el ofrecimiento de viviendas sociales a bajo precio de alquiler. En el decreto se incluye la dación en pago sólo para los colectivos en riesgo de exclusión social y una posible moratoria de dos años antes de que se produzca la orden de desalojo. Y el Gobierno ha anunciado también la creación de un parque de 6.000 viviendas sociales, pero para ello debe contar con la colaboración de los gobiernos autonómicos, que son quienes tienen transferidas las políticas de vivienda. El argumentario que facilita el PP a sus dirigentes apunta que su fórmula de moratoria de dos años es más efectiva que la dación en pago, porque no supone la pérdida de la vivienda, ya que, previsiblemente, transcurridos esos dos años habrá mejorado la situación económica de la familia amenazada con un desahucio.

Curiosamente algunas de las ideas recogidas en el decreto ley andaluz y en el proyecto del Gobierno de Rajoy son similares, de ahí que el PP no haya cargado las tintas contra Griñán excepto en un punto: la expropiación de las viviendas que permanezcan vacías durante seis meses. Una idea que perjudica a familias que reservan esas viviendas hoy vacías que fueron compradas como inversión para ser ocupadas por sus hijos y, segundo, perjudica gravemente a inmobiliarias que en los últimos años intentan sin éxito venderlas o alquilarlas, y que ahora se encuentran en riesgo de perderlas.

La polémica está servida, pero al menos hay un hecho positivo: la tragedia de los desahucios se ha colocado en primera línea y los políticos se han puesto a trabajar en leyes que protejan a los ciudadanos de los abusos bancarios y, en caso de precariedad económica, se ofrecen salidas para que puedan conservar sus viviendas bajo distintas fórmulas de pago, con moratorias y acuerdos de alquiler a bajo precio hasta que se puedan volver a cumplir los compromisos firmados.

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