Crónica personal

Alejandro V. García

Cuotas

UNA vez ganadas las elecciones andaluzas y recolectada la promesa de Manuel Chaves de continuar más allá de 2012, muchas secciones provinciales del Partido Socialista se hallan ahora sumidas en el sordo y complicado trabajo de intentar colocar al consejero que les corresponde por cuota territorial al frente de alguna de las Consejerías de postín (Obras Públicas, Cultura, Turismo, etcétera) y eludir las puramente administrativas (Justicia, Educación, etcétera). La tarea es tan secreta como un rezo a una deidad alta e improbable, pues todos asumen que es difícil persuadir (y muchos menos apremiar) al presidente Chaves que, a la hora de formar gobierno, es de una discreción pétrea. La leyenda le atribuye una reserva tan extraordinaria que los elegidos a formar parte de la casa del padre se enteran de su designación con los pies ya despegados del suelo. Sin embargo, la tentación es demasiado elevada como para renunciar a algún discretísimo movimiento, apenas la exposición de un deseo. ¿Qué provincia se va a resignar a perder una de las consejerías caracterizadas por la generosidad inversora y a ganar uno de esos angustiosos gabinetes donde el mejor consejero es que el resiste más tiempo el hostigamiento ?

Por lo menos se conocen cuáles son a grandes rasgos y salvo excepciones, los dos principales criterios de distribución de las consejerías: la cuota provincial y la de género. Y sobre esta certidumbre se mueven ahora los anhelos de las provincias. Sobre esta certeza y su consecuente corolario: la elección territorial de los integrantes del Gobierno andaluz no sólo es protocolaria sino que tiene efectos tangibles a largo plazo. Esto es, dicho abiertamente, el consejero de tal provincia tiene una debilidad inversora indiscutible por su territorio. En las provincias con vocación de consejeros de Educación, como Granada (Cándida Martínez, Manuel Pezzi) se hacen cálculos sobre la rentabilidad de disponer de uno de Obras Públicas, es decir, esencialmente inversor, y las bocas se hacen agua.

No es gratuita esta suposición. Las presencia de los consejeros en su provincia de origen los viernes y los lunes de cada semana (leales como un reloj) ayuda a esta hipótesis. También, dicen, las cuentas finales en las que destaca esa afinidad, digamos, sentimental y de paisanaje. Una solución consistiría en fundar ocho Consejería de Obras Públicas con ocho consejeros, uno por provincia, pero eso multiplicaría absurdamente los gastos de representación. Otra sería hacer una política cohesionada, sin concesiones provinciales desde el momento inicial de los nombramientos, pero en esta Andalucía seducida por las cuotas es demasiado tarde.

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