editorial

Daños que deben ser compensados

LOS pepinos procedentes de España no contienen el tipo de bacteria causante del brote infeccioso que ha causado más de una docena de muertos y centenares de enfermos en el norte de Alemania. Las pruebas realizadas por el laboratorio de Hamburgo han descartado esta posibilidad, adelantada con precipitación dañina por la consejera de Sanidad de dicha ciudad-Estado, en la que por cierto lleva diez días hospitalizada por el mal una maratoniana española, que asegura no haber ingerido la hortaliza. La precipitación en atribuir el brote al pepino español, sin aguardar los resultados de la investigación y sin siquiera contemplar la eventualidad de que el pepino pudiera haberse contaminado durante el transporte o el manipulado ya en territorio alemán, ha causado ya un perjuicio impresionante a uno de los sectores más punteros de la economía española, con notable incidencia en la provincia de Almería. En la situación de pánico generada no sólo han sido dañados los cultivadores de pepino, sino todo el sector hortofrutícola, que ha visto cancelados numerosos pedidos de toda clase de verduras, empieza a ver afectadas también las ventas de frutas (hasta la exportación frutera de Huelva se ha visto interrumpida) y teme un desplome general de precios incluso en el mercado interior. En definitiva, una auténtica crisis de alto coste económico y social, en el que se ha puesto de manifiesto la impotencia de la Unión Europea, cuyos órganos de gobierno deberían ser los llamados a controlar las alertas sanitarias, que no pueden quedar al albur de autoridades regionales de ningún país, por poderoso que sea, como acaba de reclamar el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. El Gobierno español está obligado a presionar en el seno de la UE para que se arbitren medidas de compensación extraordinarias, acordes con el daño que se ha infligido a la economía andaluza. No basta con la protesta de la ministra del ramo, Rosa Aguilar, que ha de recibir el respaldo total del Ejecutivo en defensa del interés de España.

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