OTRO de los problemas económicos que se están debatiendo durante las presentes elecciones es el del creciente coste de los préstamos hipotecarios para las familias que han adquirido una vivienda en los últimos años. Muchas comenzaron pagando un interés de poco más del 2 por ciento. Hoy pagan tipos superiores al 5.

Los dos partidos mayoritarios han lanzado sendas propuestas destinadas a aliviar esa carga financiera. En el caso del PSOE, Solbes propone alargar el plazo de amortización de los créditos sin coste para los prestatarios; en el del PP elevar la deducción por vivienda del 15 al 25 por ciento en el IRPF. La característica común en ambos casos es que las medidas generan un coste público, frente a otras posibles alternativas privadas, no quedando claro en la propuesta de Solbes si los costes a los que se refiere son los registrales y notariales o se extiende a otros más.

¿Qué impacto tendrían sobre los prestatarios estas medidas? Una elevación, en el primer caso, de la desgravación del 15 al 25 por ciento generaría un impacto considerable en la cuota líquida del IRPF de los contribuyentes con rentas medias-bajas, aunque su cuantificación dependería justamente del nivel de renta. En el caso de la propuesta de Solbes, además de los aproximadamente 300 euros de costes notariales, hay que añadir la reducción en la cuota mensual por el alargamiento del plazo. Para un ejemplo-tipo. Un préstamo de 250.000 euros que pasara de 20 a 30 años, supondría un ahorro mensual de 350 euros.

Tenemos que pensar que estas medidas están destinadas, exclusivamente, a ayudar a los prestatarios, sin considerar otras cuestiones como el impacto macroeconómico de la desaceleración y, en particular, sobre el consumo y la renta. Ahora bien, si ese es el limitado objetivo, habría que responder a algunas cuestiones clave. ¿Se limitarían estas ayudas a la vivienda en la que se reside o también a las segundas? Si el papel del gobierno se circunscribe a sufragar los gastos notariales, ¿qué ocurriría si los bancos sólo aceptaran una pequeña porción de las solicitudes de alargamiento de plazos, en vista de la solvencia de los prestatarios?

Sería socialmente injusto ayudar a los propietarios de segundas viviendas, pero si se excluyen y los bancos sólo aceptan modificar los plazos de un pequeño porcentaje de las solicitudes, aumentarían notablemente los embargos. Esta situación depararía un efecto negativo sobre el consumo privado y contaminaría también el mercado de primera vivienda, con lo que la crisis inmobiliaria y la desaceleración no se evitarían. ¿Sería esta situación políticamente soportable? A las medidas con coste público, habría que añadir otras que implicaran costes privados para reforzar sus efectos. Una ley concursal para las familias que no pudieran pagar la primera vivienda ayudaría notablemente a suavizar los efectos negativos sobre el sector inmobiliario y, en consecuencia, sobre el consumo y el crecimiento económico.