LA decisión de no prorrogar la vida activa de la central nuclear de Garoña ha producido una cierta sorpresa en algunos medios: acaso debido a que, acostumbrados como estábamos a un gobierno cuya característica fundamental es la de no tomar decisiones, en este caso ha sonado como un auténtico ucase, y además en abierta contradicción con la postura de Felipe González.

¿Será que el gobierno Zapatero se ha recuperado ya del marasmo de la crisis y empieza a superar su estilo pasivo y cosmético de hacer política? Podría ser, salvo un detalle, que la decisión en realidad ha consistido en no hacer nada: o sea, en dejar cumplir el periodo de vida activa previsto y nada más.

Por eso resulta interesante indagar en los soportes políticos o argumentativos sobre los que se ha montado la decisión. Por una parte, se ha aludido a las claves del programa electoral, con la conclusión habitual en estos casos: los programas electorales son simples enumeraciones difusas de propuestas que, en la práctica, sirven lo mismo para un roto que para un descosido.

Mayor interés ha tenido seguramente la invocación al conocimiento técnico-científico, entendido como un circuito argumentativo objetivo y aparentemente neutral del que pueden deducirse consecuencias de interés para el conjunto de la sociedad. Un sector donde se ha generado en efecto un sustancial debate: la crisis económica, el cambio climático, los riesgos de una dependencia excesiva del petróleo, las limitaciones que aún poseen las energías limpias o renovables, el problema de los residuos nucleares y otros factores, configurarían un entramado problemático a partir del cual la decisión del Gobierno encontraría algún tipo de fundamento objetivo, dotado de una cierta dosis de autoridad en términos científicos.

El problema se complica cuando tales argumentos científicos se focalizan en la práctica como posiciones a favor o en contra de la energía nuclear movilizando a colectivos o grupos de interés que pretenden "fundamentar" sus posiciones en razones de tipo técnico-científico. De este modo, la autonomía de las posturas ante el problema corre el riesgo de enmascarar la defensa indirecta de intereses específicos. ¿Se han vuelto de pronto "verdes" los grupos petroleros y por eso se oponen a la energía nuclear? ¿Los protagonistas del debate actúan atendiendo a los intereses generales, o sirviendo a intereses organizados donde median prácticas de puro lobbyng?

Si en Estados Unidos, con una larga tradición en la práctica del lobbyng apenas se llega a veces a alcanzar un cierto grado de transparencia en determinadas actuaciones públicas, parece que en España vamos más atrasados y no hemos conseguido aún superar las barreras de opacidad que rodean a este tipo de decisiones. Al final parece que, cuando un entramado de debate argumentativo se hace demasiado complejo y la red de intereses enfrentados excesivamente enmarañada, el Gobierno siempre puede dejarse caer del lado indolente de la pura no-acción.

Por eso cabría preguntar, en tercer lugar, más allá de los programas electorales y más allá de los términos de un debate de intereses aparentemente encuadrado bajo argumentos científicos, cuál sería al final el verdadero interés del Gobierno. Y la pregunta no tiene difícil respuesta: todos sabemos que al final lo que le interesa al Gobierno son los votos. Por eso el gobierno Zapatero ha acudido a su auténtica y originaria huella genética, la que explica cuáles son los soportes de su apoyo electoral: el movimiento anti (antisistema, antiguerra, antinuclear, antitodo). O sea, el entramado radical de supporters de cuya movilización activa parecen depender las claves finales de su éxito electoral.

Cuando parecíamos encarar un nuevo ambiente de consenso en respuesta a la difícil crisis económica y ante la recta final de la negociación para la financiación autonómica, Zapatero sale reivindicando los soportes que le mantienen en el poder; manteniendo su original estilo de gobierno-protesta que parece más orientado a ejercer de oposición, achacando la culpa de los males al gobierno anterior; un modelo que acaso lleva funcionando ya demasiado tiempo.

Pero llegados ya casi a mitad de la legislatura seguramente la cuestión más decisiva no es la que afecta al estilo de gobernar sino a la propia configuración constitucional del mismo. Sería el momento de preguntarse si, más allá de estrategias electoralistas y de movilización de descamisados y piqueteros, el presidente no ha debido comenzar a pensar ya en lo que constituye su auténtica no-decisión: la de limitar los mandatos, como hizo el anterior, y no presentarse de candidato en las próximas elecciones.