LA reciente desimputación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) del consejero de Economía, Antonio Ramírez de Arellano, por hechos ocurridos durante su etapa como vicerrector de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla nos vuelve a dar pie para realizar una reflexión sobre la continua vulneración en España del derecho a la presunción de inocencia. Evidentemente, la Policía, los jueces y la Justicia en general tienen la obligación de abrir todas las investigaciones que consideren oportunas para hacer prevalecer la ley y perseguir el delito. Pero, como ha ocurrido en este caso, estas investigaciones no deben de ser aprovechadas por los políticos, los medios de comunicación, las redes sociales y la ciudadanía para linchar moralmente a personas cuyas imputaciones, en la gran mayoría de los casos, son finalmente archivadas. Ni siquiera la apertura de juicio oral debe vulnerar el derecho a la presunción de inocencia. Nadie es culpable hasta que haya una sentencia que lo afirme.

Debido a las filtraciones indiscriminadas por parte de los funcionarios de Justicia, a la cada vez mayor judicialización de la vida política, al efecto multiplicador de las redes sociales y a la competencia informativa feroz entre los medios de comunicación, en España se ha adelantado el reproche social que se debería reservar al condenado a la antigua figura del imputado, ahora conocida como investigado. ¿Cómo controlar y atajar este problema? La cuestión conllevaría, evidentemente, un mayor control de los documentos jurídicos, una amplia autorregulación de políticos y periodistas y una mayor responsabilidad por parte de los ciudadanos que usan las redes sociales. Estamos, como se habrá advertido, ante un problema de dificilísima resolución.

Otra cosa diferente es si la imputación de Ramírez de Arellano, que ha pasado un auténtico calvario personal, era una pieza más dentro una estrategia para "atemorizar" a la Administración, tal como denunció ayer el propio consejero de Economía. En este sentido, Arellano dijo que ha visto cómo se han sustanciado denuncias penales por cuestiones que en muchos casos tenían que ver "con negarte a determinados comportamientos por parte de entidades o colectivos y que terminaban en amenazas y en atemorizar a la Administración". El consejero debería ser más concreto y señalar con nombre y apellidos quiénes son esas entidades y colectivos. Lo contrario es extender sospechas sin pruebas, otro de los males de la actual sociedad española.