EL significado original de defenestrar es arrojar a alguien por la ventana. El Consejo General del Poder Judicial está tirando la casa por la ventana. No toda la casa, es verdad, pero sí algún mueble que considera inservible. Por ejemplo, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Mientras el Supremo investiga al magistrado por una denuncia, parte del Consejo se frota las manos y prepara por adelantado la suspensión cautelar. Quizá Garzón merece la expulsión pero quienes participan en el espectáculo también. Yo no tengo, repito, ningún empeño personal en defender a Garzón. Además, sería inútil. Si uno de los magistrados cuyas decisiones han cambiado el devenir de la historia contemporánea del país no puede frenar el empeño de sus colegas, y sin embargo, enemigos, para echarlo por la ventana, ya me dirán qué poder tiene un columnista.

Lo que me produce perplejidad y temor como ciudadano no es la hipotética suspensión, sino la conjura, la trama de odios y enemistades corporativas y políticas que ha terminado, después de muchos años de amagos, por empujar a Garzón hasta el borde del precipicio. Un compló múltiple, no sólo por la personalidad de quienes intervienen, sino también por lo variado de las causas que traslucen: enemistades, rencillas corporativas, envidias, aborrecimientos ideológicos, etcétera.

Las prisas por quitarse de en medio a Garzón han llegado al extremo de que el Consejo ha iniciado los trámites de la suspensión sin esperar siquiera a la resolución de los recursos planteados por el magistrado contra la decisión de juzgarle por investigar al franquismo. ¿Qué pensar de un Consejo que se anticipa a la decisión definitiva del Supremo y a la del fiscal? ¿Cuál es la razón de esa impaciencia? Pero lo más inquietante es que Garzón va a ser suspendido por un procedimiento, el de los crímenes del franquismo, promovido por un falso sindicato, Manos Limpias, de ideología ultraderechista, al que hace una semana se ha unido Falange. A mí no me cabe duda de que la denuncia presentada en la Audiencia por miembros del franquismo residual está alentada por motivos revanchistas y de desquite, y que la acusación de prevaricación es sólo una fórmula retórica.

Véanlo así: en plena democracia, un magistrado va a ser apartado de su puesto por investigar los desmanes de la dictadura, gracias a una acción conjunta de ultras y falangistas más el beneplácito de un tal Luciano Varela, juez. Planteado de esta manera uno ya no sabe si es un tremendo disparate permitido por una estructura judicial contaminada o un honor para quien también persiguió a Pinochet.