la esquina

José Aguilar

Defensores necesarios

CONFORME se acerca al poder de modo casi absoluto, el Partido Popular se verá impelido a aclarar cuál será su política. No va a valer, por ejemplo, que Mariano Rajoy defienda la supresión del impuesto de sucesiones y, a la vez, avale , como ahora, que el candidato popular a la Junta de Extremadura lo mantenga para satisfacer una de las exigencias que IU plantea para hacerlo presidente con su abstención.

Tampoco es de recibo que la flamante presidenta de Castilla-La Mancha, que además es secretaria general del PP, elimine la figura del Defensor del Pueblo de dicha autonomía mientras que su compañero Javier Arenas, vicesecretario general y aspirante a la presidencia de la Junta de Andalucía, diga que la institución del Defensor del Pueblo Andaluz es "intocable" por estar prevista en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, con el que él se halla comprometido al "cien por cien". La misma contradicción afecta a la TV manchega y Canal Sur.

Mientras el PP decide lo que quiere ser de mayor -cuando gobierne en casi todas las instituciones-, dediquemos unos minutos a la decisión de María Dolores de Cospedal. No hay nada que objetar, sino todo lo contrario, a su propósito de disminuir el número de altos cargos y reducir las subvenciones a los grupos parlamentarios, sindicatos y patronales. Pero si la voluntad es adelgazar la Administración, resulta peligroso extender la austeridad a organismos cuya finalidad es precisamente controlar el poder político y denunciar sus abusos y arbitrariedades cada vez que los haya. Sobre todo, cuando el organismo en cuestión, el Defensor del Pueblo castellano-manchego, tiene un coste que equivale al 0,02% del presupuesto global de la comunidad autónoma. Cospedal haría bien en concentrar el ahorro en los órganos superfluos creados por los seis o siete mandatos socialistas de Bono y Barreda y no liquidar un órgano que sí ha sido útil a los ciudadanos.

En Andalucía debemos celebrar la posición de Arenas, coincidente del todo con la de los otros partidos parlamentarios (PSOE e IU): el Defensor andaluz no se toca. No ya porque lo consagre el Estatuto de Autonomía, sino porque es la institución reiteradamente mejor valorada por los ciudadanos. Por tres razones fundamentales, por su cercanía a la gente, por haberse acreditado como terco dique de contención frente a las carencias, fallos y atropellos de las autoridades políticas y por su diligencia a la hora de prestar su voz a los que no la tienen. Y todo, por un módico precio: algo más de cinco millones de euros al año. No es por señalar, pero piensen que el Consejo Audiovisual de Andalucía, que también es estatutario, nos cuesta casi siete millones, comparen y díganse cuál de los dos preferirían eliminar si fuera necesario.

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