ENTRE el 4 y el 7 de junio se han celebrado elecciones europeas en los 27 Estados de la Unión Europea. Hemos elegido a los 736 eurodiputados que deben representar a los 495 millones de ciudadanos europeos durante la VII Legislatura del Parlamento Europeo (2009-2014). Con independencia de las fuerzas políticas vencedoras en cada uno de los Estados, hay una circunstancia previa a destacar, la campaña electoral desarrollada, en clave claramente interna, sin apenas dedicación por parte de los líderes políticos a explicar sus propuestas a realizar en el Parlamento Europeo en los próximos cinco años.

Ese elemento de falta de pedagogía democrática, entre otras razones, ha provocado una consecuencia muy grave, que es la escasa participación de la ciudadanía en la votación. En el conjunto de la UE tan sólo ha votado el 43%, siendo destacable que en Francia la abstención alcanzó el 60%. En España sólo votó el 46% de los ciudadanos convocados a las urnas, y el voto en blanco alcanzó el 1,41% (220.179 votos en blanco), la séptima opción electoral. En Andalucía la participación fue aún menor que en el conjunto del Estado, con una abstención que llegó hasta el 58%.

En nuestro país ganó el Partido Popular con 23 diputados europeos, seguido muy de cerca por el Partido Socialista, con 21. Izquierda Unida mantuvo sus dos eurodiputados, otros dos la Coalición por Europa (CiU, PNV y otros) y un representante Europa de los Pueblos (ERC y otros). La gran novedad es el eurodiputado logrado por UPyD, que llega a ser la cuarta fuerza política en las ocho provincias de Andalucía, y es la tercera más votada en treinta y dos capitales de provincia, y en seis Comunidades Autónomas. En el conjunto de la UE la victoria del Partido Popular Europeo fue mucho más clara, con una ventaja de más de cien escaños (267 populares frente a 159 socialistas), siendo destacable el incremento de las fuerzas ecologistas, y el dato muy preocupante de la entrada de grupos de ultraderecha.

De todos los datos expuestos sobre participación, podemos constatar una situación de crisis democrática de representación, que contrasta con la importancia creciente del Parlamento Europeo, que podría aumentar si finalmente entra en vigor el nuevo Tratado de Lisboa. El principal reto democrático del nuevo Parlamento Europeo que se acaba de elegir es precisamente conseguir que sea un órgano legislativo pleno, soberano, sin dependencia de los gobiernos de los Estados. Una cámara legislativa en representación auténtica del pueblo que ha votado su composición, con capacidad legislativa y con capacidad de control y fiscalización sobre las instituciones ejecutoras de la UE.

En esta nueva legislatura europea, el Parlamento Europeo ha de ser la punta de lanza para avanzar a una Europa menos intergubernamental y más soberana políticamente, cuyo único principal pilar de legitimación sea la ciudadanía europea. En definitiva, para conseguir que realmente la UE sea la mayor democracia del mundo, cuantitativa y cualitativamente.

Para ese objetivo, la cámara de Estrasburgo debiera fomentar la cercanía a la ciudadanía por parte de las instituciones europeas, intensificar los mecanismos de participación ciudadana y la profundización del proceso de integración abordando las auténticas preocupaciones de los ciudadanos europeos, como es la reintegración en el mercado de trabajo de los 15 millones de desempleados que ya hay en la Unión Europea, o el reforzamiento de la política medioambiental en materia energética (objetivo, triple 20%) propiciando el aumento del uso de las energías renovables, la disminución del consumo energético, y la reducción de las emisiones de dióxido de carbono, elementos que deberían formar parte de un nuevo modelo de desarrollo económico.

El nuevo Parlamento Europeo tendría que conseguir que realmente el ciudadano participe con más intensidad en los asuntos europeos y que se eleve de forma significativa su participación en las elecciones europeas de 2014, pues nuestros eurodiputados cada vez representan a menos europeos. Para este importante reto de crecimiento democrático y social de la UE somos necesarios ciudadanos europeos más informados y más comprometidos en el proceso de construcción europea, con el objetivo de hacer más transparente y democrático el actual sistema institucional de la UE.