CADA día sé menos de leyes y, quizá por eso, cada día me sorprenden más las crecientes circunstancias por las que uno puede terminar en la cárcel. La noticia, por exótica, aparece en todos los medios de comunicación: una pianista de Gerona afronta la petición de siete años y medio de cárcel por molestar con sus ensayos a una vecina. Al delito de contaminación acústica que se le imputa se añade otro de lesiones psíquicas y ya tenemos a la pertinaz alumna con un pie en el calabozo. No contenta con eso, la fiscal solicita, además, la inhabilitación de la inculpada para ejercer cualquier profesión que tenga que ver con el piano durante cuatro años, una multa de 10.800 euros y una indemnización de 9.900. Sus padres se enfrentan a una idéntica posible pena de privación de libertad y al copago de la citada indemnización, al ser considerados cooperadores necesarios.

Desconozco el detalle de los hechos. Pero, aun así, el sentido común me indica que estamos ante uno de esos disparates que propicia el patchwork pijiprogre en el que se está convirtiendo nuestro engordante Código Penal. Mantengo serias dudas sobre el posible encaje de una bronca entre familias, por larga y grave que sea, en el tipo de los delitos contra el medio ambiente. Como bien argumenta la defensa, no se puede considerar el ruido de un piano como fuente de contaminación acústica, al mismo nivel y con las mismas consecuencias que la que produce, por ejemplo, el escándalo atronador de una discoteca o el estruendo perpetuo de un aeropuerto.

Y es que, a golpe de estupideces y de agobiante corrección política, estamos dibujando un sistema punitivo paladinamente incoherente, en el que, ante supuestos de muy dispar trascendencia, se reacciona con sanciones comparativamente inexplicables: no puede ser que le salga más barato a un terrorista el cercenar decenas de vidas o a un corrupto el robar millones de euros que a una estudiante, incluso maleducada, el intentar perfeccionar sus dotes artísticas.

Las normas, para ser respetables, tienen que conducir a resultados lógicos. Lo que es claramente un conflicto a resolver en el ámbito civil, en el que por supuesto existen mecanismos suficientes, no puede acabar destrozando el futuro de una joven. No entiendo, en fin, qué gana la afectada y la sociedad toda arruinando, por esto, tres vidas. Cosas del nuevo orden, supongo, tan hipócrita y falsamente severo como ya indescifrable para mí.