Editorial

Demasiado apego al decreto ley

SEIS de cada diez normas con rango de ley aprobadas por el Parlamento de Andalucía en la novena legislatura fueron por el procedimiento de la convalidación de un decreto ley del Consejo de Gobierno de coalición que forman PSOE e IU. Hasta diecinueve leyes se aplicaron primero como decreto ley frente a doce proyectos de ley enviados a la Cámara, aunque dos de ellos están aún en trámite. El uso de la potestad normativa del decreto ley se antoja excesivo, teniendo en cuenta que dicho procedimiento hurta el debate parlamentario: la Cámara sólo puede convalidar o rechazar la norma, sin posibilidad de modificación alguna, y sin que la oposición pueda ni siquiera exponer su opinión. El decreto ley está previsto para normas con una motivación extraordinaria y de urgente necesidad. Sin embargo, en la gran mayoría de las leyes convalidadas por la mayoría de PSOE e IU en el Parlamento no se daban ninguna de estas premisas para recurrir al procedimiento del decreto. Ningún otro Gobierno autonómico ha recurrido con tanta profusión a este método para legislar. Los expertos consultados coinciden: el abuso de esta potestad produce una merma de la calidad democrática, porque se obvia el papel del poder legislativo, que queda invadido por el ejecutivo. Y más cuando se trata de un gobierno elegido precisamente porque la suma de los parlamentarios de los grupos que lo sustentan logra desbancar al que más votos y escaños obtuvo en los comicios de marzo de 2012, pues el PP se quedó a cinco diputados de la mayoría absoluta en el antiguo hospital de las Cinco Llagas. PSOE e IU, que gobiernan gracias a esa posibilidad legal, deberían ser aún más respetuosos con el papel del Parlamento, su función como poder legislativo de la autonomía. También supone un problema jurídico, porque aunque no haya precedente, el Tribunal Constitucional podría anular leyes convalidadas por este método si ante esta instancia se demostrase que ni existió motivación extraordinaria ni de urgente necesidad para recurrir a la figura del decreto ley. Porque también parece olvidar el Consejo de Gobierno que puede tramitar por urgencia un proyecto de ley enviado a la Cámara, que reduce a la mitad los plazos (unos tres meses en vez de seis) sin obviar el debate parlamentario. Las formas también son importantes en democracia y no se pueden modificar asuntos de calado por decreto, sustituyendo la capacidad legislativa del Parlamento, como ha ocurrido con demasiada profusión en esta legislatura. La calidad democrática no se basa sólo en la transparencia, también es el justo equilibrio en la separación de poderes.

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