La tribuna

José Joaquín Castellón

Democracia y participación ciudadana

LA democracia que disfrutamos fue una conquista de la mayoría del pueblo español durante los años 60 y 70. Muchas personas y grupos sociales se pusieron a remar en la misma dirección a pesar de su distinta procedencia ideológica. Esa confluencia de esfuerzos no se dio sin importantes renuncias. Los comunistas renunciaron a la dictadura del proletariado con el Eurocomunismo. La jerarquía eclesiástica renunció al nacional-catolicismo, amparando la oposición al régimen franquista y ganándose problemas y persecución -recuerden las pintadas de la ultraderecha: "Tarancón al paredón"-. Las cortes franquistas aprobaron su autodisolución y la mayoría del Ejército aceptó un Rey constitucional, en lugar de un Caudillo dictando Leyes del Movimiento. Muchos esfuerzos, mucha generosidad, sobre todo de los que sufrieron torturas o la muerte en la reivindicación de las libertades democráticas.

Pero la libertad democrática, como todos los valores, no se adquiere de una vez para siempre. Hay que preservarla y ensancharla. El trabajo por consolidar y profundizar la libertad nos compete a todos.

Uno de los principales problemas de la democracia, tal y como la vivimos, está en el poder omnímodo que tiene la cúpula dirigente de los partidos políticos. Todos tenemos la certeza de que la mayoría de nuestros políticos obedecen antes a las consignas de su partido que a su propia conciencia. El problema se agrava porque el poder de los partidos se afirma intentando anular a todo el que se signifique desde la crítica o la independencia ideológica. Lo que no coincide con los planteamientos del partido es inmediatamente demonizado y adjetivado con desprecio. No hay moderación ni ponderación en los juicios porque todo se resuelve en "o conmigo o contra mí".

Esta dinámica afecta, como sabemos, a la justicia, a los medios de comunicación, a los profesionales y, también, al movimiento asociativo. La amenaza más sutil que pesa sobre la calidad democrática de nuestros pueblos es la pretensión de los gobiernos de supeditar, neutralizar o suplantar la participación de los ciudadanos en la construcción de la vida socio-política.

La idea que tienen de la participación ciudadana los políticos cuando llegan al poder es sumamente pobre. Defienden que la función de cualquier grupo social es la de servir de suplencia o de correa de transmisión de los organismos municipales. Algunas veces parece que el objetivo de ciertas áreas del Ayuntamiento no es potenciar la participación ciudadana, sino sustituirla. Otras veces, utilizarla como una extensión al servicio de sus propios objetivos. Pura correa de transmisión, sin entidad ni responsabilidad propia. "Todo lo que hace un colectivo social, lo puede hacer mejor la administración pública", parecen pensar.

Cuando la iniciativa de los ciudadanos es crítica con el poder político, la prioridad es asimilarla para desactivar su capacidad de crítica. Por ejemplo, cuando un área de un Ayuntamiento aborda un ámbito social en el que estaba trabajando alguna asociación cívica o religiosa, se defiende que ésta debe de abandonar ese trabajo. La función de cualquier asociación se ha de reducir, se dice explícitamente, a comunicar al Ayuntamiento los problemas que percibe y colaborar con lo que éste le solicite.

Para neutralizar la participación ciudadana crítica se utilizan varios métodos: se la tilda por sistema de políticamente interesada, se intenta comprar las voluntades de las personas más comprometidas -un puesto de trabajo para ella o sus hijos suele ser lo más socorrido-, o se desprestigia a personas que, sin interés personal alguno, trabajan por su pueblo; se llega incluso a la presión personal. Así se busca anular toda voz social crítica. Pero una sociedad sin capacidad de crítica es anémica desde un punto de vista democrático.

No se entiende que una entidad ciudadana tiene una eficacia distinta al poder público. Su cercanía a los problemas de los ciudadanos, a sus preocupaciones e intereses hace que sus acciones tengan un gran poder de transformación social. El horizonte de gratuidad y voluntariedad que aportan las personas que trabajan en ellas desencadena unos dinamismos de solidaridad vecinal y ciudadana que nunca van a generar las instituciones públicas, al contrario los desactivan de hecho. La vertebración social que una red tupida de organizaciones, con fuertes valores humanos, proporciona a la sociedad, nunca podrá suplirse por una institución municipal omnipresente.

Pero apostar por un movimiento ciudadano fuerte y autónomo comporta vencer el miedo a la libertad.

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