D ESDE al menos los tiempos de Alejandro Rojas Marcos como alcalde, el Ayuntamiento de Sevilla viene buscando una fórmula legal que le permita acabar con los gorrillas, sin resultado alguno. Rojas Marcos, un animal político por naturaleza, acabó aplicándose a sí mismo el lema de "si no puedes con tu enemigo, alíate con él", y se sacó de la chistera de alcalde el invento de los vovis, que en el fondo no eran más que aparcacoches uniformados, con lo cual aparecían revestidos de una falsa legitimidad. Ahora, el Ayuntamiento cree haber hallado la piedra filosofal para acabar con la costumbre forzosa -por miedo o coacción-de tener que pagar por aparcar en las calles de Sevilla: requisarles a los gorrillas el dinero que lleven en los bolsillos, una vez que en enero se apruebe la Ordenanza Antivandálica. Según el análisis de las Delegaciones de Movilidad y Seguridad, que no sabemos si habrá merecido el plácet de los Servicios Jurídicos municipales, la Ordenanza facultará a los policías locales a incautarse del dinero que lleven los gorrillas, en concepto de depósito, dinero que les sería devuelto si los habitualmente insolventes y escasamente alfabetizados aparcacoches presentan una especie de alegaciones. Hay que reconocerles a los delegados al menos su afán de pensar en soluciones a este enquistado problema que solivianta a los sevillanos, pero dudamos de la viabilidad jurídica de la idea en un Estado de Derecho afortunadamente tan garantista como el nuestro. La Policía Local no puede requisarle a nadie, ni siquiera a un gorrilla, el dinero que lleve encima si no es sorprendido ipso facto en un flagrante delito: tendría que estar literalmente poniéndole al conductor una navaja encima para exigirle el pago por aparcar. En caso contrario, ¿cómo puede probarse la coacción? ¿Y si no ha habido coacción, sino donativo voluntario? ¿Y si el dinero es previo a la acción de aparcar el coche? ¿Cómo una Ordenanza municipal puede definir qué es un delito? Imagínese que la Policía confunde a alguien con un gorrilla y le requisa la cartera sin que medie ninguna acusación, sólo por tener un aspecto sospechoso y pasar por allí. El Ayuntamiento debe reevaluar esta medida porque en Sevilla debe imperar la presunción de inocencia, nunca la de culpabilidad.