RELOJ DE SOL

Joaquín Pérez-Azaústre

Desahucio criminal

NO ha hecho falta consenso para la reforma laboral con su despido libre, ni para la amnistía fiscal con los defraudadores de Hacienda. Sin embargo, el Gobierno se ampara en una solución pactada con los bancos para afrontar el drama del desahucio. Nada menos que 350.000 desde 2008, con 100.000 familias más que pueden resultar afectadas este año y 200.000 el siguiente. Las cifras no son una especulación: son reales, y llevan tras de sí una muerte real, con su asfixia social. El famoso Código de Buenas Prácticas aprobado hace seis meses, al que en su día se sumaron libremente las entidades bancarias, únicamente se ha llevado a la práctica en situaciones de indigencia extrema. Los bancos abrazaron una solución no vinculante, que les dejaba con absoluta libertad para no tenerla en cuenta. Cosa contraria hubiera sucedido con una reforma legislativa, tan vinculante como la laboral: aunque, por otro lado, muchísimo más justa.

Dice Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia, que el Gobierno prefiere una "acción concertada con los bancos". Esto, más o menos, es como que te atraquen a la salida del cine, que te roben hasta los calzoncillos, que te quiten las llaves de tu casa y se la lleven también, para que el ministro de Justicia sugiera una "acción concertada" con los atracadores. La comparación no es baladí: no admitida la dación en pago -esto es, que una vez que el banco se queda con tu casa por impago de la hipoteca, la adjudicación del bien inmueble por el banco suponga una extinción de tu deuda, que no sigas pagando por la propiedad de lo que ya no posees-, el banco quita la casa a los desahuciados y, una vez dejados en la calle, la deuda no se extingue y se cobra hasta el final. Hasta el final, ¿de qué? De un atraco legal. Porque si el banco prestó dinero a un deudor para comprar un inmueble, con un precio de tasación, luego no puede reducirle el precio de adjudicación hasta un 50%. Es el negocio del siglo: el banco no tasa tu propiedad en lo que vale, sino en la mitad; luego la pone a la venta por el precio real, o sea el doble, y tú mientras, en la calle, sigues pagando el resto de la deuda. Y frente a esta situación no ya de abuso, sino de expolio social, el Gobierno propone consenso.

Lo más sangrante es que muchos de estos bancos han sido rescatados con nuestro dinero: con nuestros ajustes, con nuestros despidos. Y reciben dinero del Banco Central Europeo con un interés mínimo. O sea, que les pagamos su mala gestión y nos quitan las casas. El Gobierno debe salvar al ciudadano: no necesitamos Código de Buenas Conductas ni para los desahucios ni para los asaltantes a punta de pistola, sino legislaciones justas.

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