LAS memorias de los tribunales constituyen un fiel reflejo de los conflictos y tendencias presentes en la sociedad sobre la que actúan en el ejercicio de su función jurisdiccional. La que ayer presentó el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha tenido la virtud de dedicar un apartado específico dedicado a los efectos de la crisis económica en esta comunidad autónoma. El Alto Tribunal cifra, de este modo, en 17.000 el número de nuevas ejecuciones hipotecarias que se resolvieron durante el ejercicio de 2012, es decir, 17.000 desahucios que fueron tramitados en los juzgados andaluces, a los que hay que sumar unos 40.000 que continuaban pendientes por haberse acumulado en años anteriores. Ello quiere decir que aumentaron en un 40% los desahucios de toda clase de viviendas y locales. La cifra dibuja claramente la gravedad de un problema social de primera magnitud, ya que proporciona un dato imprescindible para afrontarlo y destruye los cálculos más o menos afortunados que se hacen desde distintos sectores sociales y políticos, al modo en que los colegios oficiales de registradores hicieron públicas sus propias estadísticas la semana pasada. Otras cuentas del TSJA complementan el retrato de la sociedad andaluza: las demandas por despidos presentadas en los juzgados de lo social se incrementaron en un 24% con respecto al año 2011, con especial incidencia en las provincias de Sevilla y Málaga, en tanto que los concursos de acreedores también aumentaron un 31,75%. Desahucios, despidos y concursos de acreedores enmarcan el panorama de la Andalucía que padece la crisis en grado superior a la media española. En relación con los desahucios, el presidente Del Río propuso que los jueces andaluces lleguen a alcanzar consensos en la consideración de las cláusulas abusivas presentes en numerosos préstamos hipotecarios, teniendo en cuenta la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que rechazó la legislación española por no garantizar la protección de los ciudadanos afectados por procedimientos de desahucios y a la espera de que la reforma legal impulsada por el Gobierno concluya su tramitación en el Congreso y el Senado. Por lo demás, son razonables las quejas del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en relación con la congestión que sufren los tribunales andaluces y la ausencia de reformas que agilicen su labor: casi dos millones de asuntos se registraron en 2012, lo que equivale a una tasa de 226 litigios por cada 1.000 habitantes, la más alta de España. Es evidente que así no podemos seguir. Las reformas y la dotación de medios suficientes son ya un tema perentorio.