DESPUÉS de meses de movilización social y tensión política, el Colegio de Registradores ha venido a aportar al debate sobre la vivienda un elemento imprescindible para afrontar con garantías el conflicto: los datos más verídicos del problema. Los números que dan la medida exacta de su dimensión y envergadura.

En plena discusión sobre el decreto-ley de la Junta de Andalucía, el Colegio Oficial de Registradores de España ha concluido la encuesta que inició en febrero en todas sus oficinas (recibió respuesta del 85%) y ha dado a la luz los datos. Durante el año 2012 la banca realizó 30.034 ejecuciones de primeras viviendas (y otras ocho mil entre segundas residencias, garajes y locales comerciales, pero éstas suponen un problema secundario).

Esto quiere decir que el año pasado se produjeron más de treinta mil desahucios de las casas en las que vivían otras tantas familias, una media de 115 por cada día hábil o, si se prefiere, un desahucio cada cuarto de hora. Se mire como se mire, la conclusión es la misma: son muchos. Demasiados. Bastante más de los que se pronosticaban. Y cada desahucio es un drama para quienes lo sufren por no poder hacer frente a los préstamos hipotecarios que contrajeron cuando las cosas les iban mejor, muchas veces con condiciones abusivas, como se ha encargado de reflejar el Tribunal de Luxemburgo dando impulso a los cambios legislativos que están en marcha.

Dos de cada tres desahucios se registraron en sólo cuatro comunidades autónomas: Madrid, Andalucía, Cataluña y Valencia, precisamente aquellas en las que la burbuja inmobiliaria se infló con más fuerza -aparente- y que ahora más padecen las consecuencias de su estallido. Tampoco sorprende que casi el cuarenta por ciento de los desahuciados sean extranjeros (ecuatorianos, marroquíes y rumanos en primer lugar), muy por encima del porcentaje que representan sobre la población total. Gentes que creyeron suficientes sus trabajos precarios para tratar de instalarse en el país con sus familias hasta que la crisis les despertó de su sueño.

A todo esto, hay otro dato que tampoco entraba en los análisis más habituales: también en 2012 se registraron más de 11.000 daciones en pago. Once mil familias que pactaron con los bancos la entrega de las viviendas para saldar sus deudas. Los propios bancos no informan de esta práctica. La aceptan, como se ve, pero no la difunden porque no quieren incentivar una cultura del impago.