LO malo del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que impulsa el ministro del Interior, Jorge Fernández, no es que sancione con multas, a veces desproporcionadas, conductas agresivas que están proliferando en las legítimas protestas callejeras. ¿Debemos aceptar, acaso, como un ejercicio normal del derecho de manifestación la actuación de encapuchados violentos, los reventadores de actos académicos, la quema de banderas, la ocupación de sedes políticas o el destrozo de mobiliario urbano u otros bienes de carácter público? Yo creo que no. Son comportamientos antisociales que perturban la convivencia democrática. Merecen un castigo.

Lo malo es que con el pretexto de mantener el orden público se acaban recortando derechos y debilitando las garantías de los ciudadanos. Eso ocurre siempre que se priva a los jueces de la capacidad de decidir si un acto es o no delictivo y se la atribuye a la Policía o a las autoridades políticas. Y es un pretexto argumentar que con la nueva ley hay conductas que dejan de ser constitutivas de falta contra el Código Penal para ser objeto de sanción administrativa. Parece mejor, pero no lo es. Una sanción administrativa se presta a mayor discrecionalidad, y arbitrariedad, que una sentencia judicial. La voluntad despenalizadora que Interior esgrime en favor de su reforma se traduciría, en la práctica, en un aumento del poder gubernativo en detrimento del poder judicial.

Es una vía peligrosa para el sistema democrático, que se intensifica con la intención de crear un fichero de infractores del orden público, con nombres y domicilios, que, en manos de los guardianes, funcionaría a modo de listado de "sospechosos habituales" dignos de control y represión. ¿Es que van a reinsertar, como manda la Constitución, a los delincuentes condenados por los tribunales y, por el contrario, se va a negar la posibilidad de reinserción de quienes sólo han sido multados por una falta administrativa? No tiene mucho sentido.

Este desenfoque, por exceso, de los problemas de seguridad -que no son especialmente graves para una sociedad desarrollada como es la española- ha posibilitado que la respuesta de la izquierda también se haya desenfocado. PSOE e IU claman contra un recorte de libertades que si el Gobierno no fuera tan prepotente y el ministro tan autoritario no tendría por qué producirse. No sería tan difícil combatir a los violentos sin mermar los derechos de todos. Aún estamos a tiempo.