LA asociación de letrados de la Junta de Andalucía ha denunciado en el juzgado de guardia a funcionarios policiales adscritos a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) tras la detención de una abogada de los servicios jurídicos. Los letrados atribuyen a la Policía la presunta comisión de delitos de detención ilegal, prevaricación y contra la integridad moral de la abogada. El incidente, ciertamente grave, se produjo en el marco de las diligencias que dirige el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación por concurso público de la reapertura de la mina de Aznalcóllar, asolada por el mayor desastre medioambiental ocurrido en Andalucía en 1997. El juzgado dictó un auto ordenando que se tomara declaración a los integrantes de la mesa del concurso y a los miembros de la comisión técnica que evaluó las distintas ofertas presentadas al mismo, sin establecer que estas personas tuvieran la condición de imputadas o detenidas. No obstante, los investigadores de la UDEF procedieron a detener a la letrada en cuestión en las propias dependencias policiales, antes de tomarle declaración, y siendo puesta en libertad al término de la misma. Tiene razón la asociación de letrados, que precisan en su comunicado todo su apoyo como servidores públicos, a la actuación judicial frente a comportamientos ilegales en el seno de la Administración, al considerar que esta detención resultó desproporcionada e innecesaria, además de orillar el mandato judicial, que era claro y estricto. La retención de la abogada de la Junta fue claramente irregular. Ningún ciudadano puede ser sorprendido y víctima de medidas coercitivas sin soporte en una decisión del juez que instruye una causa. El hecho coincide en el tiempo con otras distorsiones en la actuación de las fuerzas policiales vinculadas a sumarios de corrupción política, como las que se vienen produciendo en el caso del fraude de los cursos de formación subvencionados por la Junta de Andalucía, en los que las unidades especializadas de la Policía Nacional y la Guardia Civil investigan los mismos supuestos penales y a las mismas personas, por no haber terminado de aclarar la Justicia en qué juez residen las competencias al respecto. Esto provoca solapamientos innecesarios y deterioro de la seguridad jurídica de los imputados. El Estado de Derecho exige un total respeto a la presunción de inocencia y a las formas jurídicas establecidas en los procedimientos policiales y judiciales. No debería hacer falta acudir al juzgado de guardia para que estos requisitos se cumplan siempre por los funcionarios que tienen encomendada su defensa en nombre de la sociedad.

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