Dignificar las sedes judiciales

LA inversión en materia de Justicia es una actuación necesaria y rentable para una sociedad que quiere considerarse avanzada. Y lo mismo puede decirse de las inversiones relacionadas con las infraestructuras judiciales, donde es imprescindible dignificar sus sedes, no sólo para los profesionales que hacen uso de estas instalaciones, como jueces, fiscales, abogados y secretarios judiciales, sino sobre todo para los ciudadanos que a diario acuden a esos órganos obligados por alguna gestión. En Andalucía son miles las personas que cada día acceden a un juzgado o a un tribunal cuyas instalaciones dejan mucho que desear. La Junta de Andalucía proyectó hace algunos años el modelo de Ciudad de la Justicia como sedes centrales que deben aglutinar los distintos órganos judiciales que hay dispersos en las capitales andaluzas. En ese diseño, Sevilla se quedó a la cola regional, a pesar de que desde 2003 el Ejecutivo autonómico había acordado ya con el Ayuntamiento una ubicación en la zona de los Gordales, en Los Remedios. Doce años después, tras un rosario de siete consejeros de Justicia y seis ubicaciones alternativas se ha vuelto al planteamiento inicial de localizar ese campus judicial en los Gordales. Algo parecido sucede con el proyecto de Ciudad de la Justicia de Cádiz, donde continúa sin haber un proyecto claro 14 años después de que el Ayuntamiento solicitara este equipamiento a la Junta de Andalucía. Los beneficios de estos complejos pueden verse a diario en las provincias que, como Málaga, disfrutan desde hace años de una Ciudad de la Justicia. La situación de Sevilla y Cádiz no puede mantenerse más tiempo sin que el Ejecutivo que preside Susana Díaz aclare de una vez por todas si realmente tiene voluntad política de llevar a cabo estos proyectos. Los profesionales de la Justicia hace tiempo que muestran su escepticismo ante estas ciudades. Después de más de una década de indecisión, dudas y confusión en la que han proliferado excusas y se ha dado pábulo a emplazamientos alternativos, ha llegado la hora para que se dé una respuesta clara y definitiva a la situación. Y si el problema es sólo de índole presupuestario, porque este tipo de proyectos requieren una gran inversión -en el caso de Sevilla ronda los 200 millones de euros-, la Administración autonómica debe buscar fórmulas de colaboración mixta, público-privada, para la construcción de las Ciudades de la Justicia. La Justicia no puede seguir siendo la hermana pobre. Invertir en ella es rentable. Y no hay que recordar el papel que la Justicia, sobre todo la Penal, desempeña a la hora de combatir un fenómeno como el de la corrupción, que tanto daño hace en muchas ocasiones al erario público.

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