Crónica personal

Pilar Cernuda

Dinero público

EN España se tira con pólvora del rey. No se debe generalizar, pero la alegría con la que se ha utilizado el dinero público está directamente relacionada con la situación que sufrimos ahora, y si encontramos escasas simpatías en los países que podrían echarnos una mano es porque mientras ellos hicieron las cuentas antes de tomar determinadas decisiones, aquí hemos actuado con una alegría económica impropia de un país que piensa en el futuro.

Tenemos la red de alta velocidad con más kilómetros de Europa y el triple de aeropuertos que Alemania, un país que nos dobla en número de habitantes; no hay pueblo de pocos miles de habitantes sin polideportivo con piscina olímpica, el número de museos dedicados a personas que apenas son conocidas más allá de su provincia es disparatado, los organismos ligados a administraciones autonómicas y municipales multiplican por diez las que existen en los países de nuestro entorno, y el dispendio en almuerzos, cenas, cócteles, viajes y festejos a menudo rozan -o han rozado- lo obsceno, por exagerado y desbordante.

El presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo está obligado a explicar cómo gastaba sus dineros y con quién, independientemente de que pueda haber ajuste de cuentas interno en el seno del Consejo. Es inadmisible que Carlos Dívar se niegue a dar explicaciones y demuestre así que le importa poco el daño que hace a la institución que representa. Pero también es inadmisible que Chaves y Griñán se nieguen a dar cuenta de sus actos, porque las informaciones sobre los ERE hieden, por no hablar del despilfarro producido durante sus mandatos. Y poner en cuestión los informes de la juez Alaya o el realizado por la Guardia Civil es impropio de quienes han ostentado o todavía ostentan importantes responsabilidades de gobierno.

El PSOE incurriría en una hipocresía de libro pretendiendo que Dívar comparezca ante el Congreso y negando al mismo tiempo una comisión parlamentaria sobre los ERE andaluces. Esta periodista no cree en las comisiones parlamentarias de investigación, absolutamente instrumentalizadas por los partidos, pero si se piden explicaciones a un personaje público, hay que pedirlas a todos, no vale amparar a los que pertenecen al partido. Y si no se cree en las investigaciones políticas, pues se debe acudir a los tribunales.

No está España para amparar actuaciones poco ejemplares de nadie, y mucho menos de personajes de gran relevancia pública. No está tampoco para mantener la línea anterior de derroche a manos llenas y de gastos injustificados; ni tampoco se puede volver a la situación de decir sí a cualquier proyecto gigantesco sin hacer un estudio previo de las consecuencias de dedicarle tantos fondos, que impiden que se pongan en marcha iniciativas que quizá son de primera necesidad.

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