LA historia de las diputaciones provinciales corre paralela a la del liberalismo español. Tanto que, en las primeras décadas del siglo XIX, se puede establecer si un periodo es absolutista o liberal por la existencia o no de estas juntas de municipios. Nacieron con la Constitución de 1812 y fueron suprimidas por Fernando VII; resurgieron con el pronunciamiento de Riego en Las Cabezas y volvieron a perecer cuando el duque de Angulema y sus Cien mil hijos de San Luis vislumbraron estremecidos el Valle del Guadalquivir. Finalmente, con el triunfo o domesticación del liberalismo -según se quiera ver- en tiempos de la Regencia de María Cristina se convirtieron en un elemento fundamental del esqueleto territorial de España gracias a la definitiva división en provincias de Javier de Burgos, aquel afrancesado traductor de Horacio.

Por lo dicho, no deja de ser paradójico que sea Ciudadanos, el partido que pretende levantar la antorcha de un nuevo liberalismo político hispano, el que pida la supresión de estas viejas instituciones fundamentales para la felicidad y prosperidad de los pequeños pueblos del agro. De alguna manera, las diputaciones y sus empleados han suplido en el imaginario de muchos el papel que en los siglos XVIII y XIX tuvieron la Iglesia y los clérigos en las mentalidades ilustrada y liberal: brazos muertos, zánganos descarados, glotones de recursos públicos y diezmos... corriente de pensamiento dominante que llevó a un hombre mesurado y creyente como Jovellanos a proponer iracundo que las monjas se dedicasen a la fabricación de calcetas.

Se acusa a las diputaciones de ser cortijos donde anidan el clientelismo y el nepotismo, también de cementerios de elefantes para líderes políticos defenestrados por el voto ciudadano. Todo cierto, como también lo es que tales diatribas se pueden amoldar a muchas de las instituciones estatales y autonómicas. Sin embargo, frente a estas dos administraciones, las diputaciones tienen la virtud de la proximidad a los ciudadanos, un valor en alza en las nuevas formas de entender y hacer política en el siglo XXI. ¿Cómo solucionar los desmanes de estas corporaciones? Nuestros políticos deberían leer el Capítulo II del Título VI de nuestra Pepa: Del gobierno político de las provincias y de las diputaciones provinciales. Allí hay muchas pistas sobre regeneración y oxigenación democrática. Un ejemplo: el artículo 331 reza: "Para que una misma persona pueda ser elegida por segunda vez, deberá haber pasado, al menos, el tiempo de cuatro años después de haber cesado en sus funciones". La pólvora ya está inventada y se ofrece gratis en internet.