Cumplir la Ley de Integración de Discapacitados no es Responsabilidad Social Empresarial, es simplemente observar la legalidad vigente.

Según los últimos datos aparecidos, sólo el 7 por ciento de las empresas españolas, obligadas, cumple la reserva del 2 por ciento de los puestos de trabajo para personas con discapacidad. Pero Trabajo sólo ha detectado 142 violaciones de la norma. Algo pasa. Probablemente que todos carecemos de la sensibilidad suficiente para considerar esta obligación como algo que , si se incumple, concite el rechazo social, además de la sanción administrativa.

Así las cosas, resulta difícil buscar RSE en esta materia, ya que las empresas en general no llegan ni al umbral de lo obligatorio. El desempleo de este colectivo alcanza en los países UE al 60 por ciento. Pero sí hay espacio para políticas de RSE en materia de empleabilidad de los discapacitados. Destinar recursos a la formación profesional de estas personas; pagar igual a igual trabajo; o evitar discriminaciones en precios de contratación de servicios, cuando son Centros Especiales de Empleo quienes los prestan, son ejemplos. Pero, quizás el reto más evidente es que las personas empleadas con discapacidad no se vean relegadas, casi siempre, a trabajos poco cualificados y salarios bajos. Estamos convirtiendo a los discapacitados en los nuevos sirvientes de los válidos. Evitar esto sí es RSE.