AUNQUE en los últimos años se ha mejorado considerablemente el control de los regadíos en el entorno de Doñana, todavía queda un largo camino por recorrer. Prueba de ello es que la Comisión Europea ha dado un plazo de dos meses a España para que acabe con la sobreexplotación del acuífero del Espacio Natural de Doñana, un humedal que, además de ser Patrimonio de Humanidad y una de nuestras marcas turísticas más conocidas en el exterior, también es un espacio medular en la configuración de Andalucía como territorio geográfico y antropológico. La regañina de la Comisión no es un simple amago y, si no se soluciona, España tendrá que responder ante el Tribunal de Justicia de la UE. Que sea Bruselas la que nos tenga que estimular para que cuidemos uno de nuestros últimos paraísos naturales debería, al menos, generarnos una cierta inquietud y rubor.

La amenaza de la Comisión Europea tiene que servirnos, al menos, para cerrar de una vez por todas el debate en torno al Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana, que pese a haber sido aprobado en 2014 por consenso tras siete largos años de gestación sigue todavía provocando el debate político. Sin ir más lejos, el pasado jueves, el Parlamento andaluz paró el intento del PP -con el apoyo de algunos alcaldes- de instar a la Junta a promover un acuerdo para revisar al alza dicho plan, que actualmente garantiza el riego de 9.340 hectáreas de la zona durante los próximos 15 años. Está fuera de toda duda la enorme y vital importancia de la agricultura en esta zona de Andalucía, pero el cupo establecido por el plan de regadío garantiza la continuidad del sector. Entre otras cosas porque las grandes cadenas de supermercados europeas ya han alertado de que sus clientes no estarían dispuestos a consumir frutos rojos cuyo cultivo ponga en peligro el Parque Nacional de Doñana. Los europeos no están dispuestos a ser cómplices con su consumo del final de uno de sus últimos espacios salvajes.

Tiene razón el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, quien está actuando con coherencia y agilidad en esta cuestión, al asegurar que la solución para proteger Doñana pasa por la finalización del trasvase de agua superficial de la cuenca del Tinto-Odiel-Piedras hacia la del Guadalquivir, que tiene que acometer el Gobierno central, y por la aplicación del propio plan. La ruta ya está trazada, ahora sólo queda dotarla económicamente y trabajar para que la agricultura sea compatible con un espacio natural tan sensible como importante.