HACE un mes el presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Manuel Fernández, reconocía que al dragado podría pasarle lo mismo que a la Biblioteca del Prado, pero que aun así tenía intención de iniciar la obra el próximo año 2013. Semejante afirmación, sobre la que aún nadie ha pedido perdón, ni su autor ni quieres lo pusieron en el puesto, es el retrato exacto de un proyecto que se ha gestionado hasta ahora con una dosis de irresponsabilidad e imprudencia absolutamente incompatibles con el uso que debe dársele al dinero público. Porque de dinero público estamos hablando, que nadie se olvide de ello.

Si a cualquier promotor privado hay que exigirle un estricto respeto de la legalidad, y no puede consentirse por ejemplo que nadie levante un hotel donde la ordenación urbanística no lo permite, con más dureza y rigor, o al menos con la misma, habría que exigir a quienes gestionan recursos públicos que obren con estricta sujeción a la norma, cuidando bien que el destino de los fondos públicos no sólo no contravenga la legalidad, sino que sea el más seguro y rentable socialmente. Después de todo, si un promotor decide arriesgar absurdamente su dinero, es su problema, mientras se atenga a derecho. Un gestor público ni puede saltarse la ley ni desde luego aventurar el dinero de todos en operaciones dudosas.

Por eso, la comparación del dragado del Puerto con la Biblioteca del Prado es un ejemplo tan elocuente del enorme desvarío con el que se ha desarrollado hasta el día de hoy este proyecto, sólo comparable a la montaña de intereses creados que hay detrás de él. Si este no fuera el país que es, y Andalucía la comunidad donde vivimos, que un dirigente público, que gestiona el dinero de todos, afirme que va a gastarse millones de euros en una obra que posiblemente le van a tumbar en los tribunales, tendría que ser motivo de un escándalo mayúsculo y por supuesto de una destitución inmediata.

Sin embargo, aquí no pasa nada, y todos miran hacia otra parte, con un miedo a hablar que yo hace tiempo que no recordaba sobre otro asunto en esta ciudad. Como sólo me debo a mis regantes, y no espero nada de nadie, yo no tengo ningún problema en afirmar, claro y fuerte, que iniciar el dragado en 2013 es sencilla y llanamente un disparate, una imprudencia y una temeridad, para las que no hay excusa posible. No hay ninguna excusa en el dinero invertido hasta ahora, pues que el dragado haya sido precedido por la ejecución de una esclusa que hoy es inservible, casi tan inútil como el Estadio Olímpico, o quizás más, es sólo la terrible y triste demostración de que ya hemos despilfarrado absurdamente dinero y no podemos despilfarrar más. Y desde luego no hay excusa tampoco en los supuestos efectos revitalizadores sobre el turismo, la actividad económica y el empleo, sobre lo que no he visto aún ningún estudio ni serio ni independiente.

Por el estuario ya están entrando a Sevilla barcos de 1.500 pasajeros, y hasta de más, y personalmente opino que no tiene mucho sentido que Sevilla intente competir con puertos de mercancías como el de Algeciras, ni con puertos de cruceros, como el de Cádiz y Málaga. Entre otras razones, porque la profundización del dragado nunca dará para tanto, y menos aún sin afectar el equilibrio ambiental y la salinidad de las aguas. Pero aun dando por sentado que la obra favorecería la entrada de barcos de mayor calado y con más turistas: ¿Dónde están los estudios que acreditan esa demanda turística, y que aseguran el lleno de los hoteles y la creación de miles de empleos? ¿Dónde están siquiera los informes que evidencien que el beneficio que va a producirse es mayor que el daño causado a los agricultores? ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar para rentabilizar mínimamente la inversión realizada?

Y aún tengo otra pregunta: ¿son estos hipotéticos beneficios de interés público los que están defendiéndose en realidad con el dragado o son los mismos beneficios privados que en su día motivaron la construcción en nuestro país y/o en nuestra comunidad de aeropuertos que están cerrados, autopistas que no tienen uso, parques tecnológicos sin apenas inquilinos y promociones enteras de viviendas que están por vender o incluso por acabar? ¿Acaso no hemos aprendido de nuestros fracasos?

Yo sólo soy la representante sectorial de un colectivo al que se le pisotearán sus derechos y su futuro si el dragado sigue adelante sin las adecuadas medidas compensatorias. Y mi voz, por muy lejos que llegue, no llegará tan lejos como la de quienes tienen el altavoz y los recursos para hacerse oír. Por eso, me parece tan triste y lamentable la tibieza de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), tan consciente del desbarajuste como falta de determinación y valor para ponerle remedio; la ambigüedad calculada del PP de Sevilla, que ofrece una cara distinta según el interlocutor; el silencio espeso del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que se limita a dejar pasar el tiempo; y por supuesto la actitud sesgada de la Confederación de Empresarios de Sevilla, más representante de unos empresarios sevillanos que de otros. Únicamente la actitud de la Junta de Andalucía nos inspira alguna confianza en este asunto, aunque tampoco se ha producido por su parte un pronunciamiento completamente concluyente, y prueba de ello es que el presidente del Puerto de Sevilla mantiene la confianza de la Junta de Andalucía después de su irresponsable actitud como gestor de lo público.

Quizá el dragado pueda hacerse un día y quizá, aunque lo dudo, sea interesante para Sevilla que se haga. Pero lo que tengo muy claro es que, para ello, en primer lugar habrá que dar respuesta a las cuestiones ambientales planteadas, y en segundo lugar habrá que compensar y dar una solución a los regantes afectados, que no sólo son los arroceros, sino todos los regantes de la cuenca. Y como todo eso es imposible hacerlo antes de que termine 2013, el inicio del dragado, el año que viene, es una actuación absurda e irresponsable.

Con una Biblioteca del Prado ya hemos tenido bastante.