UN error de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dio a entender que el juez instructor del caso de los ERE había dictado el auto para la apertura del juicio oral que afecta a 26 imputados, entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y seis ex consejeros. En realidad, aún quedan varios pasos para que llegue la hora del banquillo: la Fiscalía y las acusaciones aún no se han pronunciado, tampoco las defensas, y la Audiencia de Sevilla se tendrá que posicionar entre la tesis del Supremo y la del Juzgado de Instrucción número 6. A diferencia del juez del Supremo, que sólo apreció un delito de prevaricación administrativa en el caso de los ex presidentes, el de Instrucción ha vuelto a la tesis de Mercedes Alaya, al señalar un posible delito de malversación de fondos en el caso de Griñán. Sirva esta matización para aconsejar cierta prudencia sobre el caso, en especial a los partidos políticos, vapuleados entre sí a causa de las reelecciones. Hay que recordar, en este sentido, que el auto exculpa a 24 personas, algunas de las cuales no podrán recuperar su trayectoria política a pesar de haber sido dirigentes capaces y valiosos, tales como Antonio Ávila y Martín Soler. De algún modo, y sin participación alguna, estas personas han recibido otro tipo de condena civil. En el caso de los ERE se han sustanciado todas las responsabilidades políticas posibles, no hay más, por eso carece de sentido que se le pida a Ciudadanos la ruptura con el PSOE en Andalucía. Manuel Chaves y José Antonio Griñán no tiene actas en las Cámaras, ni cargos en la Administración, ni forman parte del Consejo Consultivo y, desde hace unos días, ni siquiera son militantes socialistas. Lo mismo cabe decir del resto de los imputados, el caso judicial se ha llevado por delante a dos generaciones de dirigentes de la Junta. Hay que mantener, por tanto, cierta prudencia, a pesar de la extrema gravedad de los hechos.