ES digno de compasión el sufrimiento que debe haber consumido al presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, todos los años que estuvo compartiendo militancia con el ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco J. Guerrero.

Ya ven, Villalobos creía que Guerrero era un honrado cargo público socialista que luchaba, como él, por la transformación social y la ayuda a los trabajadores parados y a las empresas en crisis, y de pronto ha caído en la cuenta de que en realidad el hombre clave del caso de los ERE (expedientes de regulación de empleo) no pasaba de ser un "chorizo, putero y drogadicto" al que el Partido Popular da credibilidad ahora que denuncia el escándalo e implica a los consejeros de Empleo a los que estaba subordinado.

De haberlo sabido antes, el presidente de la Diputación habría propuesto, seguro, su inmediata expulsión del PSOE, en vez de estar, como ahora, preocupado por si alguien desentierra vídeos o fotografías en los que ambos participen juntos en algún acto de camaradería. O por si el mismo Guerrero le saca algún papel comprometedor de cuando los dos eran compañeros, antes de que uno descubriera la amarga verdad que él mismo hizo pública el jueves pasado: que el otro es un chorizo, putero y drogadicto, y que tal vez ya lo era cuando el consejero Gutiérrez lo nombró director general en 1999, y hasta 2008, cuando cesó en el cargo habiendo estado a las órdenes de otros dos consejeros, Viera y Fernández.

Estamos a un mes de las elecciones andaluzas y crece la convicción de que, inmediatamente después de la crisis económica, que es lo fundamental, el caso de los ERE va a ser el elemento central de la campaña electoral y un factor decisivo en el resultado de los comicios. De ello se está encargando con tesón indesmayable el PP, consciente de que ahí ha encontrado un filón, y también colabora lo suyo la juez, Mercedes Alaya, que instruye las diligencias de forma implacable e impecable, excepción hecha de que se podría haber ahorrado la práctica de fijar comparecencias trascendentales en vísperas de la campaña y en vísperas del 25-M y podría haberlas planeado en otras fechas sin merma de la instrucción y del éxito de la tarea que la Justicia le ha encomendado. Tampoco se entiende bien que no haya imputado aún al consejero Viera -debiendo así remitir el caso al Supremo por tratarse de un aforado- ni que imputara al consejero Fernández hace casi un año y todavía no lo haya llamado a declarar.

Dicho lo cual, no pierdo de vista lo esencial: lo que perjudicará a Griñán y al PSOE el 25-M no es lo que haga o deje de hacer la juez Alaya, sino el caso ERE mismo. El hecho de que se haya producido.