LA cumbre hispano-francesa celebrada el pasado jueves en París certificó el magnífico nivel de las relaciones -políticas y personales- entre José Luis Rodríguez Zapatero y Nicolas Sarkozy y evidenció los beneficios que se pueden derivar para nuestro país de unos contactos frecuentes y fluidos con París. El principal avance de la cumbre es, sin duda, la autorización francesa para que las Fuerzas de Seguridad españolas puedan actuar en el país vecino casi con las mismas facultades con lo que lo hacen en España y que, incluso, nuestros agentes puedan ir armados, algo que hasta ahora -por más trabajo que cueste comprenderlo- era imposible. Es, por lo tanto, el momento de felicitarse, porque todo lo que sea avanzar en la colaboración antiterrorista es hacerlo en la buena dirección. Es algo que debe apuntarse el Gobierno español en su lista de logros. Pero no está de más aprovechar el magnífico momento de comprensión francesa ante el problema de ETA para reflexionar sobre los costes de todo tipo que han tenido para España los años de retraso en la llegada de esa colaboración plena y entusiasta. No es descabellado suponer, incluso, que la banda terrorista podía perfectamente ser a estas alturas un negro recuerdo si durante años no hubiera contado con bases seguras para refugiarse, entrenarse y abastecerse en el sur de Francia. Las épocas -nada lejanas- en las que los terroristas podían sentirse a salvo cuando cruzaban la frontera y en las que las autoridades francesas utilizaban a ETA con fines políticos y económicos constituyen algunos de los episodios más tristes de la reciente historia europea. Por fin, esa etapa está superada y ahora lo importante es que los terroristas tengan claro para siempre que no encontrarán refugio o comprensión en un país democrático. Francia parece que ha comprendido que ETA también es un problema propio y ha puesto medios verdaderamente importantes para combatirlo. Esa es la línea en la que se debe perseverar.