EXISTEN campos de investigación en economía en los que la evidencia empírica resulta difícil de extraer. Es especialmente cierto para los modelos económicos que tratan de explicar el funcionamiento de la economía en su conjunto: lo que llamamos macroeconomía. Resumir los millones de transacciones e interacciones que diariamente se producen en un país con tres o cuatro ecuaciones, no es una tarea fácil. Separar con nitidez causas y efectos o la intensidad con la que las variables ejercen sus efectos sobre la renta o el empleo, tampoco.

Algunas de las medidas que se están adoptando para combatir la crisis son calcadas en unos países y otros, aunque varían en intensidad. En todos se ha elevado la garantía para los depósitos bancarios, se han intervenido los bancos que eran insolventes o inyectado recursos en el capital para que continuaran funcionando, se han reducido los tipos, etc. Hay debates sobre los próximos pasos (crear un banco "malo" que recoja todos los activos incobrables frente a la nacionalización), pero sobre lo hecho hasta ahora no hay grandes discrepancias.

Pero es en el terreno fiscal en donde la elección política y la intensidad de la intervención ha abierto una brecha entre los países anglosajones (sobre todo EEUU) y el resto de la OCDE. Frente a la preferencia de éstos últimos por generar un impulso a la actividad incrementando el gasto público, al otro lado del Atlántico existe un fuerte debate entre los expertos sobre la conveniencia de seguir esa misma política, frente a los que sostienen que un recorte de impuestos permanente impulsaría más la actividad. Los defensores del primer tipo de políticas son economistas demócratas; los segundos, republicanos.

Las diferencias encierran discusiones técnicas, pero también visiones ideológicas de la sociedad. Respecto de la primera, el asunto central es: ¿cuánto crecimiento se genera por cada euro o dólar adicional de gasto público? El que sea mayor o menor que la unidad es clave para elegir esta vía de apoyo a la actividad productiva. En una etapa de recesión, con muchos recursos sin utilizar, la evidencia más convincente apunta a un multiplicador mayor que la unidad, lo que respaldaría las políticas activas de gasto público que se llevan a cabo. Aunque otro problema asociado conduce a conclusiones menos optimistas. La rapidez con la que se gaste el dinero es clave para suavizar la crisis. La evidencia muestra una gran lentitud de las administraciones públicas.

Frente a esta opción, otros economistas abogan por un recorte permanente de impuestos directos, por tres motivos. Creen que el multiplicador del gasto público es menor que la unidad, no genera deuda pública o lo hace en menor medida y, además, una economía que soporte menores impuestos resulta más dinámica y con mayor capacidad de crecimiento. El elemento ideológico subyacente es que se desea un Estado mínimo que no interfiera las decisiones privadas.

En momentos en los que la incertidumbre domina a los agentes económicos, una reducción de impuestos se filtraría más bien al ahorro que al gasto. Lo único que sabemos con seguridad es que el Gobierno no teme al futuro.