La tribuna

francisco J. Ferraro

Efectos de la crisis en los servicios públicos

LA provisión de servicios públicos y la política redistributiva constituyen rasgos compartidos de las sociedades desarrolladas, pero su tamaño, contenido, eficiencia y equidad se encuentran en permanente discusión. Discusión que se ha intensificado en los últimos años en España como consecuencia de la crisis económica que ha provocado dos efectos contrapuestos: la creciente demanda de servicios y las restricciones financieras derivadas de la reducción de los ingresos públicos y las exigencias de control del déficit. El debate reciente ha estado soportado en percepciones subjetivas y en soportes ideológicos, pero carecía de una base empírica y analítica. Por ello, la reciente publicación de Servicios públicos, diferencias territoriales e igualdad de oportunidades, dirigido por Francisco Pérez,del IVIE, y publicado por la Fundación BBVA, aporta un soporte consistente para el necesario debate sobre el futuro de los servicios públicos y la forma de proveerlos.

Los servicios públicos fundamentales (SPF) se identifican con educación, sanidad y protección social, y vienen representado en torno al 60% del gasto público español. La provisión de estos servicios por las administraciones públicas es semejante a otros países federales, estando descentralizado casi el 50% del gasto. La Administración central mantiene un peso decisivo en el gasto en protección social (pensiones, desempleo), mientras que las comunidades autónomas lo tienen en educación y sanidad, y comparten con las corporaciones locales los servicios sociales. En consecuencia, la Administración central redistribuye renta, mientras que las administraciones territoriales proveen los servicios, por lo que a éstas les compete fundamentalmente los esfuerzos para mejorar su eficiencia.

Los ajustes desde 2009 en España han reducido el gasto per cápita de los SPF en un 10%, aunque ha aumentado en el total del gasto público y se ha mantenido en torno al 28% del PIB, lo que expresa la voluntad de los responsables públicos de proteger estas funciones de gasto. No obstante, mientras el gasto en protección social se ha mantenido, en educación y sanidad se ha contraído, de donde se infiere que los ajustes lo han realizado básicamente las administraciones territoriales, mientras que se han preservado las pensiones y el desempleo gestionados por la administración central.

La dotación de los SPF por CCAA es bastante desigual, pues el gasto por habitante del País Vasco supera en más de un 50% al de Canarias. La posición de Andalucía en SPF por habitante es retrasada (14ª, con 5.659 euros), si bien supera a la media española en gasto educativo (106,9%), quedando más rezagada en protección social (88,9%) y en gasto sanitario (88,8%), lo que se explica parcialmente por la desigual estructura por edades de la población.

No obstante, la clave de las desigualdades regionales de los SPF se encuentra en los desequilibrios entre gastos y necesidades. Los autores del informe parten de una valoración homogénea del concepto de necesidades para todas las CCAA y, tras el análisis de los diversos indicadores, concluyen que mientras las diferencias de gasto por habitante llegan a superar los 60 puntos porcentuales, las diferencias de necesidades se limitan a 12 puntos. Estos notables desequilibrios del gasto obligan a examinar la financiación de las administraciones autonómicas, constatándose que los recursos financieros por habitante de las comunidades mejor financiadas (Navarra, País Vasco y Extremadura) superan los recursos de las peor financiadas (Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y Región de Murcia) en más del 50%. Andalucía fue la quinta comunidad peor financiada en el promedio de 2004-20012 con unos recursos equivalentes al 95,8% de la media española, lo que viene explicado fundamentalmente por la baja financiación del sistema de financiación autonómica, a pesar del bajo nivel de renta relativo de la región.

La lectura del informe sugiere múltiples consideraciones relevantes: 1) A pesar de la reducción del gasto en SPF como consecuencia de los ajustes fiscales en los últimos años, el nivel de cobertura sigue siendo elevado en relación al PIB español y a su dotación en otros países desarrollados. 2) Las exigencias de equilibrios fiscales y la dinámica demográfica a medio plazo exigen repensar la dotación y características de los principales servicios sin voluntarismos políticos estilo Grecia. 3) Se observan ineficiencias en los resultados en algunos servicios (especialmente educación), que exigen evaluación y reconsideración de las políticas. 4) Existe una notable falta de equidad en el gasto en SPF entre las CCAA determinado por la desigual dotación de recursos financieros. Es el caso de Andalucía, donde el sistema de financiación autonómica juega un papel regresivo, lo que justifica la reclamación de la Junta de Andalucía de un nuevo sistema de financiación más equitativo.

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