CUANDO nos estamos desayunando cada día con una mala noticia y al día siguiente con otra peor, debe recibirse con un claro alivio y satisfacción el logro del acuerdo sobre negociación colectiva entre las organizaciones sindicales y empresariales, con un contenido muy amplio y especial influencia sobre la contención salarial pactada a través de los convenios colectivos. La situación económica mantiene una clara senda de grave deterioro: todas las previsiones anuncian un retorno hacia la recesión económica con reducción del PIB, el Fondo Monetario Internacional y responsables del propio Gobierno apuntan que es posible que no se logre el compromiso de contención del déficit público comprometido para este año con Bruselas, el Banco de España pronostica un incremento notable del desempleo que puede superar a finales de año los 5,5 millones de parados, alcanzándose la tasa de desempleo más elevada de los últimos treinta años y, en fin, carecemos de un liderazgo europeo que sea capaz de poner en marcha auténticas políticas de reactivación económica no centradas exclusivamente en el ajuste del gasto público.

En ese contexto no podemos sino valorar muy positivamente el ejercicio de responsabilidad realizado por sindicatos y empresarios, cediendo en sus respectivos programas de máximo, para lograr un acuerdo que, con toda la crudeza de sacrificios que supone, puede ser un manifiesto síntoma de que todavía hay espacio para adoptar medidas consensuadas, que nos permitan incrementar nuestra competitividad, mejorando nuestra posición tanto para las exportaciones como para el turismo. No se trata de una mera renovación o revisión de los precedentes acuerdos en la cúspide de las organizaciones sobre negociación colectiva, sino que introducen elementos claramente novedosos. Nos enfrentamos a momentos de notable gravedad, que exigen medidas de cierta excepcionalidad. El acuerdo implica una neta pérdida del poder adquisitivo de los salarios, que será progresiva y acumulada a lo largo de los tres próximos años; se altera el juego de las cláusulas de revisión salarial en función de la inflación al final de cada año, de modo que dejan de tener la condición de cláusulas de garantía salarial; se asumen compromisos para otorgar una superior intensidad a la parte variable del salario, con lo cual éste tenderá a depender en mayor medida de la evolución de la productividad en cada empresa; se abre paso a la posibilidad de que las empresas que se encuentren en situación de superior dificultad puedan descolgarse de los pequeños incrementos salariales de los convenios cuando se produzcan claras caídas en los resultados de la concreta empresa.

Más aún, se trata de un acuerdo completo en los principales frentes de la negociación colectiva, que unido al ya alcanzado sobre solución de conflictos laborales, permite aplicar y llevar a la práctica la reforma de la negociación colectiva aprobada vía decreto ley el año pasado. De este modo, el abanico de materias pactadas es más amplio y completo: reforma la estructura de la negociación colectiva, apostando por un mayor peso de los convenios de empresa como forma de mejor adaptación de las condiciones de trabajo a la situación de cada empresa, potencia la flexibilidad interna para evitar que las situaciones de crisis se resuelvan sólo con despidos, avanzando en la flexibilidad de jornada, de funciones y de salarios. Y todo ello, además, con el indudable valor añadido de articularse por una vía de flexibilidad pactada, que garantiza la efectividad real de las medidas y toma en consideración los efectos más negativos con vistas a paliarlos en la medida de lo posible. Al final, no es ninguna exageración decir que si se logran articular en la práctica todas estas medidas, su impacto será mayor que cualquier otra reforma que se pueda llevar a cabo de cambio en la legislación laboral.

Hace falta que esta nueva dinámica impacte ahora sobre otras esferas. De un lado, resulta imprescindible que estos importantes sacrificios de los trabajadores se vean acompañados de una importante contención de los precios para que se logre el objetivo final de reducción de la inflación como garantía de mejora de la competitividad, unido a compromisos de una política de rentas más amplia. De otro lado, este nuevo escenario de consenso puede permitir una actuación menos acelerada y más reforzada de la reforma que pretende acometer el Gobierno en material de contratación laboral. Ello puede permitir que tal reforma no sea necesario aprobarla con urgencia por medio de decreto ley y se haga a través de un procedimiento de tramitación parlamentaria ordinaria, que propicie los consensos políticos necesarios.