EN las democracias contemporáneas los ciudadanos están representados por los partidos políticos. Y la función de representar al interés nacional, atribuida primero al soberano, y más tarde al parlamento, es realizada actualmente por el partido. En este sentido, el partido es actualmente el rey. Ahora bien, los problemas jurídico-políticos derivados del hecho de que el partido sea el rey son tan delicados que incluso las constituciones más recientes procuran evitar el reconocimiento formal de la representación partidista. Hay, no obstante, cuatro excepciones: la Constitución de Brasil, la Ley federal de Bonn, la Constitución Francesa de 1958 y la española actual de 1978.

Uno de los problemas de la partitocracia es que los nombramientos de representantes los hace el partido, y no el ciudadano representado, ya que el proceso interno de cooptación a la lista de candidatos electorales equivale en la práctica a la elección real del representante político. Y, como consecuencia de ello, es probable que el representante sea más un portavoz de su propio partido que de los ciudadanos. Para limitar estas disfunciones, el propio art. 6, 2ª CE establece que "los partidos políticos en su funcionamiento interno deberán ser democráticos".

El diputado del PSOE Joaquín Leguina propuso en un pleno del Congreso de los Diputados en 1990 llevar a cabo el desarrollo legal y reglamentario del citado párrafo 2º, para dotarlo de contenidos específicos de carácter vinculante. Pero su propuesta fue rechazada por el voto en contra de su propio partido. De ahí que, al no haber sido objeto de posterior desarrollo legal ni reglamentario, y no haber compensado suficientemente los partidos a nivel interno los inevitables procesos de oligarquización a que se refería Michels, en la actualidad no sólo existe una evidente quiebra de la representación política democrática en España, sino que, además, los representados carecen de instrumentos jurídicos para resarcirse de los eventuales daños y perjuicios producidos por dicha quiebra.

Así lo reconocía paladinamente la sentencia de nuestro Tribunal Constitucional por la que se resolvió el recurso de amparo subsiguiente a la resolución de la demanda civil por "incumplimiento de contrato", interpuesta por el cantante catalán Lluís Llach, quien reclamaba contra Felipe González y el PSOE por lo que calificaba de "estafa política" (el programa electoral del 82 prometía el No a la OTAN y, una vez en el gobierno, el PSOE convocó un referéndum para permanecer en ella), al atenerse a la falta de base jurídico-constitucional para atender tal reclamación.

Los críticos de la partitocracia niegan que exista de hecho otro sujeto de la representación que no sean los partidos, los cuales están dominados a su vez por unos pocos líderes que controlan a los aparatos de los partidos. Sartori ha definido tres dimensiones decisivas de la partitocracia: a) la partitocracia electoral, entendida como el poder del partido para imponer al electorado a quién ha de votar; b) la partitocracia disciplinaria, entendida como la capacidad del partido para imponer al grupo parlamentario una disciplina del partido, o mejor dicho, de la dirección del partido; y c) la partitocracia integral, es decir, la sustitución de la representación formal de los electores por la representación real de los partidos.

A finales de los noventa se produjo en el PSOE un cambio en el sistema representativo interno, que significó la implantación de un modelo de representación individualizado. Y a partir de entonces, la única forma de que la toda la base del partido se manifieste son las elecciones primarias, en las que participan todos los militantes con su voto directo, individual y secreto. En consecuencia, digan lo que digan algunos de sus dirigentes, las primarias, pese a su dificultosa y errática implantación en la cultura política del PSOE, son un derecho estatutario fundamental de la militancia y constituyen el nudo gordiano de la ya de por sí precaria democracia interna del PSOE.

Denegar el derecho a celebrarlas, como están haciendo ahora determinados dirigentes regionales y provinciales del PSOE, constituye no sólo un fraude moral y legal, sino también un miope error político. Porque, como ha demostrado la campaña electoral de Obama, todos los partidos acabarán adaptándose por su propio interés a las mucho más democráticas exigencias funcionales de las nuevas tecnologías de información, comunicación y organización, y poniendo en práctica, vía internet e intranets, nuevas formas de intervención política directa e individualizada características de la sociedad red.

Por ejemplo, realizando debates masivos con los ciudadanos, incluso con los no afiliados, en redes electrónicas abiertas, conducentes a la adopción de posicionamientos programáticos colectivos, articulando así democracia directa y democracia representativa. Una vieja aspiración política de la izquierda, que hoy puede ser replanteada esperanzadoramente por la nueva democracia electrónica.