la tribuna

Emilio A. Díaz Berenguer

Elecciones primarias por ley y para todos

EN diciembre de 2009 se aprobó en Argentina una nueva ley para la democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral, que, como su propio nombre indica, pretendía mejorar el sistema democrático en ese gran país, buscando romper los encorsetamientos obsoletos provocados por la estrecha relación entre lo orgánico y lo institucional en los partidos políticos de muchos estados, incluido el español.

Dos años después, como antesala de las elecciones argentinas celebradas en octubre del pasado año, tanto de miembros del Congreso y el Senado como de gobernadores y presidenciales, se celebraron en Argentina las primeras primarias, conocidas como PASO, acrónimo de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Con ellas se selecciona al aspirante de cada opción política, siempre que el mismo haya superado el 1,5% de la participación.

Las primarias son abiertas, se presentan quienes lo deseen y cumplan los requisitos legales exigidos para ello y cualquier ciudadano puede votar, las celebran todos los partidos políticos a la vez, para evitar un posible asalto de otros partidos políticos, o sea, que cada votante sólo puede hacerlo por una opción concreta, y son obligatorias, como condición sine qua non para acudir a las elecciones.

Así, sin más, suena bastante bien. Argentina nos podría estar dando una lección de democracia, de la que algunos países no andamos muy sobrados últimamente.

Las primeras impresiones sobre el resultado de las PASO fueron tan positivas que ni siquiera el diario Clarín pudo poner pegas a los favorables resultados que obtuvo Cristina Fernández de Kichner, más de la mitad de los votos emitidos. Si bien en Argentina votar es obligatorio, estas primarias fueron una gran fiesta a la que acudió más del 75% del censo electoral.

En España, al igual que en gran parte del resto de Europa, tenemos una configuración de partidos políticos obsoleta, engendrada en el siglo XIX, que hoy no da respuesta a las necesidades de los ciudadanos. Los dos grandes partidos constituyen un oligopolio, levantando murallas a la incorporación de nuevas opciones y modificando las leyes electorales en función de sus propios intereses y no en beneficio de los ciudadanos, tal como ocurrió con la última reforma de la normativa electoral, gracias a uno de los escasos acuerdos alcanzados por PP y PSOE en la anterior legislatura.

Unas primarias abiertas serían un buen antídoto contra el patrimonialismo ejercido por algunos políticos inmovilistas y que con frecuencia confunden lo orgánico y lo institucional, profesionalizados e impermeables a la sociedad civil, con sueldos procedentes del erario público escandalosamente compatibles. En medio de la actual crisis, el mito de los bajos sueldos de los políticos es hoy menos cierto que nunca.

Los politicos están desprestigiados y carecen de credibilidad, según las encuestas del CIS. El mal no está en la política democrática, sino en la propia clase política y, muy especialmente, en los barones orgánicos que se atrincheran como los amos del cotarro. La política democrática es un bien necesario para la convivencia y el desarrollo colectivo, y su ejecución debe evolucionar y adaptarse a la realidad. Los avances de una nueva sociedad tecnologizada obliga a las organizaciones políticas a estar a la altura de las circunstancias.

Los ciudadanos son ahora más cultos y la mayoría está integrada por una clase media, cada vez menos dispuesta a entregar un cheque en blanco cada cuatro años, que aspira a formar parte de un sistema democrático equitativamente representativo y mucho más participativo, y con controles permanentes que eviten la corrupción y el lucro cesante que originan unos políticos mediocres, cuando no incompetentes.

Unas primarias abiertas, y mucho más si son obligatorias y simultáneas, podrían coadyuvar a los partidos políticos, especialmente hoy a la izquierda, a superar su crisis de militancia, y a dificultar el control absoluto por los barones orgánicos. Los militantes compartirían con los simpatizantes la decisión a la hora de elegir a sus representantes institucionales, lo cual redundaría en un gran avance democrático, dado que en España son los ciudadanos los que soportan económicamente a los partidos políticos.

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