APROVECHANDO a tope la época en que los perros se ataban con longaniza y el dinero público parecía ilimitado, las comunidades autónomas se pusieron a crear "embajadas" en el extranjero para asegurar la mejor defensa de los intereses de sus empresas y ciudadanos.

Funcionó bastante el efecto llamada o , si se prefiere, el efecto imitación. Bastaba con que un gobierno autonómico -generalmente, siempre el mismo- fundara una delegación propia en una capital extranjera para que los demás no quisieran quedarse atrás. Funcionó también la rimbombancia: tener una sede con su bandera, sus funcionarios y su delegado-embajador al frente hacía a cada autonomía parecer más importante, como un Estado en pequeñito, una representación diplomática del terruño.

Así es como, degenerando, nos encontramos en el momento presente con más de doscientas embajadas autonómicas, de las que la cuarta parte son de Cataluña y le cuestan a la Generalitat más de treinta millones de euros (para decir toda la verdad, en 2011 se ha rebajado esta cantidad). Si bien se mira, la única embajada plenamente justificada sería la de Bruselas, donde se cuecen las decisiones que más importan a todas las regiones españolas. Allí están todas representadas y así debe seguir siendo.

Las demás, en general, sobran. Por una razón bien sencilla: en todas las capitales y ciudades afectadas existen y funcionan auténticas embajadas o consulados de España, cuya misión es la defensa de los intereses de todos los españoles de cualquiera de las comunidades que conforman la patria común. La Constitución deja bien claro que la política exterior de España es una competencia exclusiva del Gobierno central (de las pocas que le han quedado tras la formidable descentralización que trajo el Estado de las autonomías).

¿Y cómo se garantizan los intereses más específicamente regionales en un país determinado? Eso ya está inventado: haciendo participar a las comunidades autónomas en la formación de la voluntad estatal en la materia que les afecte. No se concibe, por ejemplo, que una delegación española negocie en la UE sobre el futuro del olivar sin consensuar previamente la postura a mantener con la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía. Ya se hace. El nuevo ministro de Asuntos Exteriores ha propuesto también que las autonomías incorporen a representantes y funcionarios suyos a las legaciones diplomáticas españolas en lugares donde se ventilen intereses sensibles de cada uno de los territorios. Es otra idea a tener en cuenta.

Los virreyes autonómicos perderían capacidad de ostentación y sentirían herida su vanidad, pero sería más útil y más barato.