Rafael Salgueiro

Érase una vez...

Las normas sobre el gasto público y los órganos que lo vigilan existen para evitar la tentación de caer en la discrecionalidad y para no doblegarse ante la presión mediática, social o política

UNA comunidad autónoma cuyos cuatro primeros presidentes tenían especial sensibilidad por la clase trabajadora, aplicándose en la enseñanza del Derecho del Trabajo y en la Inspección de Trabajo. Su sensibilidad ante el mundo del trabajo les llevó a crear y mantener una consejería delegada del sindicato afín a un partido en estado permanente de gobierno, como reproduciendo la figura del ministro-delegado nacional de sindicatos.

Los trabajadores parecían ser, en su consideración y según los casos, las víctimas de empresarios avariciosos, gerentes incompetentes, multinacionales desalmadas, o mercados insensibles a las consecuencias sociales de la competencia internacional o de las bajadas de precios. Nada más natural que un Gobierno con vocación social y apellido socialista tratase de paliar las consecuencias que unos y otros causaban en colectivos con poca capacidad de protegerse. Entrados en los años noventa ya se habían hecho las grandes reconversiones en sectores en los que habíamos acumulado un exceso de capacidad productiva: la siderurgia, los electrodomésticos, la construcción naval, entre otros, abordados con políticas nacionales; pero teníamos aquí algunos casos individuales que reclamaban la atención de un gobierno comprometido y la consiguiente aplicación de algún tipo de ayuda, incluyendo a veces la participación accionarial, sin importar demasiado cuál hubiera sido el origen del problema. A lo largo de los años y entrando incluso en este siglo se fueron sucediendo los casos de Industria Subsidiaria de Aviación (ISA) y sus derivadas, Hijos de Andrés Molina (Cárnicas Molina), Santana Motor, Delphi, y algunos más, incluyendo la suspensión de la actividad minera en la Faja Pirítica.

En algunos de estos casos, es necesario decirlo con claridad, no fue ajena al deterioro de la empresa una actuación poco responsable por parte de los trabajadores y de sus representantes. Sucedió en ISA, sucedió en Molina, sucedió en Santana y sucedió -no les quepan dudas- en Delphi, que ni siquiera fue tenida en cuenta a la hora de ser vendida como con otras operaciones de General Motors, debido a su baja productividad y a la imposible tarea de mejorarla. En Santana perdimos la oportunidad de retener al fabricante japonés, dispuesto a continuar, a pesar de los problemas de productividad, si el departamento ministerial de Incentivos Regionales no hubiera sido cicatero con la ayuda -perfectamente reglada- que era necesaria. Y a la que el Ministerio de Industria, según tengo entendido, se había comprometido. Los posteriores intentos de resurrección fueron un fracaso y han supuesto un gasto público que probablemente no se pueda evaluar en su totalidad.

En los años noventa se desplegaron ayudas para los trabajadores de empresas en crisis, facilitando su salida. El procedimiento legal era dotar un fondo cuyos recursos y capitalización habrían de permitir, junto con la aportación de la empresa en algunos casos, complementar las prestaciones de prejubilación hasta que el trabajador alcanzase la edad de jubilación. Este procedimiento no era sencillo, se articulaba mediante una "subvención específica por razón de su objeto", siendo necesario acreditar muy bien el interés social que la justificase y la imposibilidad de la concurrencia. La competencia para el otorgamiento era indelegable y recaía en los titulares de consejerías y directores o presidentes de organismos autónomos y, naturalmente, la Intervención participaba en la tramitación. Lo más notable del origen de los ERE (expedientes de regulación de empleo) examinados por la justicia es que mediante el Decreto 254/2001 de 20 de noviembre se precisó la regulación de los procedimientos de concesión de subvenciones, incluyendo las normas especiales de las subvenciones y ayudas públicas excepcionales, y el 17 de julio de ese mismo año se había firmado el conocido convenio entre la Consejería de Empleo y el entonces IFA, firmado por el consejero y el viceconsejero de Empleo, presidente del Instituto.

¿Qué se lograba con este convenio? Pues lisa y llanamente sortear el complejo trámite que requiere una subvención excepcional, convirtiendo al IFA, luego IDEA, en el pagador y reponiéndosele el dinero en forma de transferencias de financiación, que están previstas sólo para compensar los gastos de funcionamiento, no para ser aplicadas en forma de ayudas a terceros. El mecanismo no podía ser ni más ágil ni menos transparente, pero permitía cumplir en poco tiempo con los compromisos políticos de ayuda asumidos con algún colectivo de trabajadores. Naturalmente, con el beneplácito de la organización sindical relevante en cada caso, que además parece que prestaba ayuda remunerada en forma de examen de la vida laboral e idoneidad de los candidatos a formar parte del ERE extintivo correspondiente.

Este proceder, aún antes de que se pusiese en marcha la búsqueda de empresas candidatas o de que se beneficiase a personas con reducida o nula relación con la empresa en cuestión, ya denotaba una seria irresponsabilidad y una absoluta falta de respeto hacia los contribuyentes, actuando como si el dinero público naciese de una transferencia del Ministerio de Hacienda y no del esfuerzo personal de los ciudadanos.

Una subvención excepcional se realiza sin concurrencia y por ello hay que demostrar que no se está faltando a un principio constitucional: el de la equidad en la ejecución del gasto público (art. 31.2 CE). Es comprensible que hasta ahí no alcance un consejero que ha afirmado ante el juez ser incapaz de leer un presupuesto, y que entienda que su papel en la dirección de un departamento es el de la gestión política. Visto lo visto, podría entenderse que tal gestión política consistía en evitar incómodos conflictos sociales, apaciguándolos con dinero público. Una práctica que, al parecer, quedó asentada durante años y contó con la complacencia o el desconocimiento de otros directivos ahora encausados, entre los cuáles hay no pocas personas de probada honestidad personal.

Pero es que precisamente las normas sobre el gasto público y los órganos que lo vigilan existen para evitar la tentación de caer en la discrecionalidad, para no doblegarse ante el ruido en la calle o la presión mediática, social o política, o para evitar inconvenientes electorales. Y menos aún para favorecer a los colegas del "territorio político". Los controles existen para prevenir comportamientos inadecuados, no son un mero trámite ni una fastidiosa arquitectura legal, sino el resultado de siglos de experiencia en las debilidades de la naturaleza humana ante el manejo del poder y de los recursos públicos. No es necesario repetir ahora lo que sucedió cuando se soslayaron los controles, pero sí hay que lamentar que no haya un Cervantes que novele toda esta picaresca.

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