Editorial

España acepta la versión de Rabat

EL Ministerio de Asuntos Exteriores de España considera zanjado el último incidente con Marruecos consistente en la agresión sufrida por un grupo de ciudadanos españoles que se manifestaban en El Aaiún en favor de la independencia del Sahara. Lo ha zanjado de manera curiosa: dando por buenas las explicaciones ofrecidas por los gobernantes marroquíes en el sentido de que los manifestantes fueron atacados por súbditos de Mohamed VI que se sintieron provocados por la actuación de un grupo de extranjeros en territorio que consideran de soberanía marroquí. Según un alto cargo de Exteriores, no existen pruebas de que la agresión fue obra de la Policía de Marruecos. Eso equivale a negar credibilidad a los españoles agredidos y concedérsela a los agentes policiales de un régimen que, pese a su apariencia, no es homologable a las democracias occidentales en materia de respeto a los derechos humanos, entre ellos el de manifestarse de forma pacífica. Sin negar en absoluto que el grupo de españoles entró en territorio del Sahara como turista y que la manifestación que protagonizó carecía de autorización legal (¿acaso le habría sido concedida si la hubiese pedido?), es un hecho que los pacíficos pro Frente Polisario fueron brutalmente reprimidos y permanecieron detenidos hasta la madrugada, recibiendo un trato degradante. Ni siquiera la necesidad de mantener las mejores relaciones posibles con Marruecos ni la convicción de que de ellas dependen buena parte de la seguridad y la estabilidad del flanco sur de España autorizan a aceptar sin más la versión oficial de lo sucedido hecha pública por Rabat. Cuando está en juego el ejercicio de los derechos democráticos lo primero es garantizarlo a nuestros ciudadanos, estén donde estén, y rechazar que puedan ser vulnerados, y lo secundario debatir si han actuado correctamente al manifestarse fuera de la ley en un país extranjero. El incidente y su peculiar "solución" reflejan las contradicciones de un Gobierno que ha virado radicalmente en su posición sobre el conflicto del Sahara y se resiste a admitir que ha de defender a quienes mantienen su antigua posición.

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