La esquina

Esperanza: nacional, pero menos

LA colaboración institucional en España es una quimera. Beneficiaría mucho a los ciudadanos, pero el sectarismo impone su ley y las administraciones gobernadas por distintos partidos (Gobierno, gobiernos autonómicos, diputaciones, ayuntamientos), en vez de cooperar, se dedican a ponerse chinitas y sacarse pecho unas a otras.

Es frecuente, en este contexto, que el partido perdedor de las elecciones generales se atrinchere en el gobierno de una comunidad autónoma en la que sí las haya ganado y se enfrente abiertamente al Gobierno en manos del otro, como diciéndole al electorado: otra política, mejor, es posible, os habéis equivocado votando al otro y llevándolo a la Moncloa. Esto lo hizo bastante abiertamente el PSOE en la Junta de Andalucía en los ocho años de Aznar.

Ahora lo viene haciendo, contra Zapatero, el Partido Popular en varias de las comunidades autónomas que controla. Singularmente, en la de Madrid, aunque no conviene desdeñar la Comunidad Valenciana, donde el presidente Camps llegó al esperpento de, por oponerse a Educación para la Ciudadanía, ordenar que la asignatura fuese impartida en inglés y con un traductor, lo que por fortuna ha sido prohibido por los tribunales.

Pero hablábamos de Madrid, convertido en baluarte del PP, donde Esperanza Aguirre ha querido construir un contrapoder y diseñar una autonomía que liderase la oposición al Gobierno, no sólo por interés de su partido, también respondiendo a su propia ambición de erigirse efectivamente en la lideresa nacional del Partido Popular.

Tiene, en efecto, Aguirre una larga trayectoria de enfrentamientos con el Gobierno de la nación, bien reinterpretando las leyes estatales, bien ignorándolas. Ha sido, de este modo, abanderada de la objeción contra la mentada Educación para la Ciudadanía -recién negada por el Tribunal Supremo-, ha cambiado los criterios de elaboración de las listas de espera sanitaria, retirando a Madrid de las clasificaciones nacionales en la materia; ha retrasado todo lo que ha podido la aplicación de la Ley de Dependencia y ha destrozado la ley antitabaco por el tortuoso procedimiento de aprobar un reglamento permisivo que le quita fuerza y eficacia a las prohibiciones.

Excuso imaginar lo que dirían Esperanza Aguirre y los suyos si la desobediencia a una normativa estatal procediera de los gobiernos autonómicos de Cataluña o del País Vasco y fueran ellos los gobernantes. Contra Zapatero, en cambio, todo vale. Hasta ponerse soberanista, por lo que se ve. Son nacionales a la hora de la proclama patriótica y el ondear de la bandera, pero cantonalistas en los asuntos cotidianos que influyen en la vida de la gente. España no les convence tanto cuando no la gobiernan ellos.

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