COMO persistente culebra de verano se nos ha venido informando de una posibilidad que no resultaba difícil anticipar desde el momento en que fue aprobado el nuevo Estatuto de Cataluña. Por lo que anuncian fuentes que nunca se quieren desvelar, el Tribunal Constitucional está preparando una sentencia en la que parece bastante probable que se declaren contrarios, y por tanto vulneradores de nuestra Constitución, algunos de los preceptos de aquella norma estatutaria.

Evidentemente las consecuencias y demás efectos colaterales que tendría una eventual sentencia estimatoria del recurso, interpuesto en su día por el Partido Popular y el Defensor del Pueblo nacional, se proyectarán de forma contundente, casi explosiva diríamos, tanto en el escenario de la política nacional, como jurídicamente en la actividad parlamentaria de Cataluña. Tampoco Andalucía escapará a las consecuencias de esa próxima resolución del Tribunal Constitucional, ya que en su momento nuestra clase política -sin excepción- aceptó por desgracia como técnica legislativa la del plagio, reproduciendo casi de manera literal y con no poca frecuencia parte del Estatuto catalán dentro del nuevo Estatuto andaluz que fue aprobado en el 2007. Así pues, los problemas se presentarán inevitablemente cuando el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la potencial nulidad de parte de una norma que se utilizó como "espejo estatutario" por parte de nuestro legislador autonómico, el cual renunció desde el principio a intentar formular o diseñar un modelo estatutario propio y diferenciado del catalán. Aunque no se haya recurrido, la interpretación que se haga en adelante del Estatuto andaluz dependerá en buena medida de lo que declare la justicia constitucional en la sentencia del Estatuto catalán.

Pero me preocupa más si cabe la falta de legitimidad que algunos le imputan al Tribunal Constitucional, a través de declaraciones en medios de comunicación o con la promoción de manifestaciones ciudadanas para presionar contra una posible sentencia estimatoria de la inconstitucionalidad del Estatuto de Cataluña. Es preocupante, sin duda, no sólo porque supone un cuestionamiento real de las reglas de juego políticas y constitucionales que los españoles nos dimos ya hace más de treinta años, sino también porque frente a esos posicionamientos ultranacionalistas se echa de menos la oportuna contestación de quienes debieran, desde una política basada en el Estado de Derecho, garantizar la defensa de la Constitución de 1978.

Este silencio se convierte en cómplice de un planteamiento inaceptable desde el punto de vista jurídico. La norma fundamental es la que es, mientras no se reforme y diga lo contrario. Por tanto está por encima de cualquier pacto político que se configure en forma de ley, incluso si tiene detrás un amplio consenso parlamentario, como el se que se exige para aprobar una Ley Orgánica o un Estatuto de Autonomía. Toda norma legislativa del Estado o de una comunidad autónoma, aunque haya sido aprobada directamente por sus ciudadanos mediante referéndum, puede ser objeto de evaluación y, en su caso, de invalidación por el Tribunal Constitucional. Toda resolución o sentencia de éste se impone automáticamente sobre la decisión del poder político del Estado, tal y como establece nuestra norma fundamental. El Tribunal Constitucional tiene la responsabilidad de custodiar y mantener la voluntad del constituyente; en esto consiste su auténtica legitimidad. Una legitimación directamente proporcionada por la Constitución, que nadie puede cuestionar ni, por supuesto menospreciar -o "ningunear" como se está proponiendo por algunos portavoces del gobierno de la Generalitat-, aunque limite la libertad de los esos Parlamentos en los cuales se sientan los representantes de la soberanía popular.

Pero para que nadie pueda poner en duda la autonomía del máximo intérprete de la Constitución es imprescindible también que este último no de la impresión, una vez más, de ser una mera institución comparsa de los partidos políticos y la infinita capacidad de éstos para generar polémica informativa y división social. Creo que la sentencia sobre el Estatuto catalán va a ser la prueba de fuego del Tribunal Constitucional español, la auténtica medida de su independencia ideológica y de su capacidad para sustraerse a los condicionamientos del debate político. Por ahora no existen indicios muy optimistas sobre la posibilidad de quedar al margen de este riesgo. Su legitimidad está quedando en entredicho con el retrasado extraordinario que se ha ido acumulando y la incertidumbre ante el momento de la publicación de una resolución que muchos parecen ya conocer desde hace tiempo, pero que la mayoría de los ciudadanos sólo podemos vislumbrar en el interlineado de los informativos. Hay que esperar un gesto de valentía por parte de nuestro Tribunal constitucional, que le proporcione de cara al futuro suficiente fortaleza institucional para encarar las críticas que se le avecinan si, finalmente, declara nulos aquellos artículos del Estatuto catalán donde se ponen en peligro, si no se vulneran abiertamente, algunas libertades y derechos constitucionales; especialmente un principio de igualdad que, nunca y de ningún modo, puede ser objeto de "negociación política".