LA Comisión Europea aprobó ayer un plan de lucha contra el cambio climático. El plan, que habrá de ser ratificado por el Parlamento europeo y los estados miembros, apuesta por el uso decidido de las energías renovables, que habrán de suponer el 20 por ciento del consumo total de energía de la UE en el año 2020 y los biocombustibles (el 10 por ciento) y por la reducción de emisiones de anhídrido carbónico, igualmente situada en el 20 por ciento con respecto a los contaminantes expulsados a la atmósfera en 1990. El presidente de la Comisión, Jose Manuel Durao Barroso, ha advertido que la reducción de la contaminación tendrá un coste -calculado en tres euros a la semana para cada europeo-, pero siempre inferior a las consecuencias de no hacer nada contra el cambio climático. Como es lógico, el proyecto de la Comisión supone que cada país asuma cifras distintas de reducción de gases contaminantes y utilización de energías renovables, en función del PIB per cápita, a fin de no producir un impacto económico y social inaceptable en las naciones de menor grado de desarrollo, obligando a las más ricas a realizar el mayor esfuerzo. Esta equidad ha sido valorada positivamente por las autoridades españolas. Para nuestro país, en concreto, las exigencias del plan europeo significarán aumentar progresivamente, desde el 8 por ciento actual al 20 por ciento el porcentaje de su energía total a partir del Sol, el agua, el viento o la materia orgánica, en tanto que la mayor dificultad radica en la disminución de sus emisiones de dióxido de carbono, ya que España es el país que más ha incumplido las previsiones del protocolo de Kioto. Sin necesidad de aceptar las versiones más catastrofistas sobre los problemas del cambio climático en el mundo, no es menos cierto que los problemas existen y que ha llegado el tiempo en que o la comunidad internacional da una respuesta razonable y pactada o el planeta Tierra se verá en serias dificultades para albergar la vida humana en las generaciones que nos sucederán. Aún es tiempo.