LOS ex mineros de Boliden que cortaron las vías del AVE para emular acciones similares de otros tiempos dicen que si actuaron así fue para exigir a la Junta de Andalucía que vuelva a la mesa de negociación a fin de resolver su recolocación. Obviamente, a los 744.956 parados andaluces también les gustaría que el Gobierno autonómico les buscase un nuevo empleo, pero no por ello se dedican a boicotear el AVE ni a organizar encierros. Los ex mineros fueron víctimas de una de las mayores catástrofes ecológicas de la historia de Europa, pero esa causa de fuerza mayor, ajena por completo a la Junta, no les hace acreedores a un puesto de trabajo a su medida. Tampoco pueden quejarse de la solidaridad mostrada por el resto de los andaluces a través de la Administración autonómica, dada la ingente cantidad de millones invertidos en la regeneración de los suelos contaminados y la creación del corredor verde y en la promoción de un parque industrial para empresas medioambientales con el que combatir la imagen contaminadora que había dejado en herencia Boliden. El presidente de la Junta, Manuel Chaves, ha dicho de ellos que no quieren aceptar el trabajo que se les ha ofrecido, en contraste con el momento en que viven miles de trabajadores actualmente en el paro. En efecto, en los once años transcurridos desde el vertido tóxico al río Guadiamar, la Junta ha proporcionado siempre ocupación a los ex mineros a través de la empresa pública Egmasa, con distintos contratos y sin que tuvieran que emigrar de Aznalcóllar. La Consejería de Innovación ha revelado que se les han hecho diversas ofertas de trabajo, como la que parecía más idónea para su experiencia: integrarse en Cobre Las Cruces, la compañía que está explotando el yacimiento en el triángulo Gerena-Guillena-Salteras, pero que nunca las han aceptado. Cuando existen centenares de miles de parados en la región, parados que no plantean este tipo de exigencias ni se creen con derecho de elegir a la carta un empleo que les salve de su drama personal y social, las reivindicaciones de los ex mineros y sus acciones de protesta se ven con poca simpatía. Deben aclarar a la opinión pública si en el fondo más que mineros lo que pretenden es ser funcionarios.