LA revelación de que el Ministerio de Fomento, a través de Salvamento Marítimo, tuvo el control del rescate del New Flame al menos durante seis horas y que la cesión de ese control de la crisis se le dio a Gibraltar posteriormente supone un cambio sustancial del relato de los hechos que hasta ahora había transmitido el Gobierno español. Éste siempre había dado la versión de que el armador y el Gobierno de la Roca habían rechazado los medios españoles puestos a su disposición. Tan es así que con la noticia publicada ya en este periódico, la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, insistió anteayer en una televisión de ámbito nacional en el mismo relato. Las manifestaciones del personal de Salvamento Marítimo, corroboradas por el capitán marítimo de Algeciras, ponen de manifiesto que España, en un exceso de confianza, aceptó retirarse del rescate -no olvidemos que es una operación muy costosa- incluso con el rechazo de la tripulación del buque. La oposición ha ido más allá y el PP acusa al Ejecutivo de Zapatero directamente de mentir. Lo que sí es verdad es que el resultado es de todos conocido: Gibraltar ha sido incapaz de gestionar el rescate, como prometió a España, y las consecuencias medioambientales y económicas las está soportando la costa gaditana. El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, confirmó hace dos días en Algeciras la nueva versión y la justificó en que dar a Gibraltar el control era lo jurídicamente apropiado porque el New Flame había salido ilegalmente del puerto de la colonia británica. El argumento es cierto, pero no lo es menos que el barco estaba en aguas españolas y auxiliado por medios del Gobierno español. Y la consecuencia de confiar en que Gibraltar resolvería con la celeridad y eficacia necesaria un accidente como éste es un despropósito que dura seis meses y que ha acabado hundiendo al chatarrero. Esperemos que la confianza que aún tiene el Gobierno en que la carga hundida no es tóxica tenga más fundamento que la depositada en el éxito del rescate.