DESDE que en diciembre de 2003 se aprobase la Ley Marco del personal estatutario de los servicios médicos es obligatorio que los doctores que trabajan para el sistema sanitario público se jubilen al cumplir los 65 años. La legislación, redactada bajo el último Gobierno de José María Aznar, declaraba forzosa la jubilación, aunque abría la puerta a la permanencia voluntaria en el servicio activo hasta cumplir, como máximo, los 70 años de edad, siempre que quedara acreditado que el facultativo reunía "la capacidad funcional necesaria para ejercer la profesión o desarrollar las actividades correspondientes a su nombramiento". Sin embargo, esa prolongación de la vida laboral de los médicos necesitaba de la correspondiente autorización por parte de la Junta en el caso de Andalucía. Sin embargo, el Servicio Andaluz de Salud aplicó esta ley indiscriminadamente, primero, y rectificó en parte después al ir nombrando a algunos eméritos para que su talento y experiencia siguieran al servicio de los pacientes del sistema público de salud. Esa medida parche no evitó que decenas de médicos muy preparados abandonasen los hospitales públicos, que no su profesión. Muchos de esos antiguos jefes de servicio del SAS siguen ejerciendo como reputados especialistas en la medicina privada. De hecho, muchos pacientes acuden a esos servicios privados atraídos por el prestigio de esos profesionales, que además manifiestan con claridad que habrían seguido ejerciendo en el SAS si no les hubiesen obligado a jubilarse. Esas jubilaciones han coincidido en el tiempo en estos casi seis años de aplicación con una evidente escasez de profesionales en el sistema público: hay hospitales que buscan facultativos por medio mundo, muchas veces sin la correcta homologación de sus especialidades. Creemos que los responsables del sistema sanitario deben aplicar la ley pero con la interpretación más beneficiosa para el bien común, puesto que existe suficiente margen como para mantener al menos hasta los 70 años a un gran número de médicos que literalmente el SAS se los pierde, lo que en definitiva perjudica al conjunto de los pacientes andaluces que acuden a los hospitales públicos. Más vale tarde que nunca.