LOS tres magistrados de la sección tercera de la Audiencia Nacional que decretaron la semana pasada la libertad del etarra Antonio Troitiño, seis años antes del tiempo de estancia en prisión previsto, se reunieron de urgencia el pasado lunes y se negaron a sí mismos. Aceptaron el recurso del fiscal y ordenaron la detención y vuelta a la cárcel del sanguinario terrorista, autor de más de 20 asesinatos. Lo hicieron tras conocer que el Tribunal Supremo había dictado sentencia en un caso semejante con una doctrina opuesta sobre la aplicación de la prisión preventiva: en vez de restar del tiempo máximo legal de estancia en la cárcel (30 años entonces, 40 ahora) el periodo que el terrorista pasó en situación de prisión provisional, como hizo la sección tercera de la Audiencia con Troitiño, el Supremo considera que los años de prisión provisional hay que restarlos de cada una de las condenas definitivas. Eso hubiera comportado que Antonio Troitiño tendrá que haber permanecido cumpliendo condena hasta 2017, seis años más que lo decidido por la Audiencia, hasta completar los 30 previstos en el Código Penal. Es también lo que esperaba una opinión pública indignada por la salida del etarra de la cárcel de Huelva. En este caso hay que hablar claramente de un deficiente funcionamiento y organización de la Justicia, ya que la sentencia del Tribunal Supremo se produjo el 28 de marzo, es decir, 16 días antes que la de la Audiencia, aunque no se conoció públicamente hasta el lunes. Si los tres jueces que liberaron a Troitiño, y ahora se arrepienten, hubieran tenido en su poder la providencia del Supremo es de suponer que habrían acatado su doctrina y no habrían escandalizado a los ciudadanos con su puesta en la calle. Aunque es fuerte y permanente la tentación de que Gobierno y oposición utilicen la lucha antiterrorista como arma arrojadiza en la lucha partidaria, en el caso Troitiño no existe la menor justificación: la Justicia se ha equivocado por su organización lenta, deficiente y obsoleta.