Editorial

Fin a la impunidad

LA Audiencia de Sevilla ha condenado a un vecino de Gerena a una pena de seis meses de cárcel por un delito contra la ordenación del territorio y a la demolición, a su costa, de una vivienda, una nave y una piscina que se había construido sin licencia en suelo no urbanizable. La sentencia es acorde con la nueva doctrina que, tal como declaró en su día a este periódico, impulsa el fiscal de Medio Ambiente: derribar las construcciones ilegales para preservar la ordenación del territorio, frente a la tesis anterior de mantener en pie las edificaciones en el entendimiento de la buena fe de quienes construían al margen de la ley. Nunca comprendimos la aplicación generalizada de la doctrina de la buena fe, por cuanto el juzgador debe pronunciarse sobre hechos objetivos y perfectamente tipificados, en concreto -en el caso que nos ocupa y en otros similares- en el Código Penal; en los artículos 183, 192 y 218 de la actual Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y, previamente, en el artículo 248 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, los cuales, con distintas redacciones, vienen a determinar lo mismo: que cuando se estuviesen ejecutando obras sin licencia, el órgano competente dispondrá la suspensión inmediata de dichos actos y, previa tramitación del oportuno expediente, acordará la demolición si es incompatible con el ordenamiento. El fruto de esta doctrina de blandura en la aplicación de las normas urbanísticas ha sido la construcción ilegal de millares y millares de viviendas por toda Andalucía, desde Marbella hasta Chiclana; desde Medina Azahara hasta Castilblanco. En nuestra comunidad, por la permisividad cuando no complicidad de ciertos ayuntamientos, se ha impuesto la política de los hechos consumados, sabedores quienes construían al margen de la legalidad que acabarían saliéndose con la suya. La tónica habitual era lo que esta sentencia de Gerena pone al descubierto: "Allí lo habitual era primero construir y, luego, pedir licencia". O ni siquiera pedirla. El efecto llamada de esta praxis ha sido demoledor para nuestros suelos rústicos, parcelados y transformados a mansalva. La demolición es la única manera de restaurar la legalidad y recuperar el territorio. Con esta sentencia se da un aviso a navegantes: se acabó la impunidad.

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