EL nuevo clima que, a trompicones, se abre paso en las relaciones entre el Gobierno de la nación y la Generalitat de Cataluña ha sido bien acogido en los medios políticos y económicos más solventes, conscientes de que la tensión derivada del órdago soberanista lanzado por Artur Mas constituye uno de los principales factores de desestabilización y crisis de la España actual. El eco favorable de la entrevista secreta entre Rajoy y Mas no ha impedido, sin embargo, que haya crecido la inquietud en distintas autonomías, incluyendo algunas gobernadas por el PP. El malestar procede tanto de la opacidad de la entrevista entre los dos mandatarios como de los asuntos que están sobre la mesa: la flexibilidad en las obligaciones de déficit público que han de asumir las autonomías y la revisión del propio sistema de financiación autonómica, que ha de desarrollarse el año en curso. El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, dio voz a esta inquietud durante su participación en el último Pleno del Parlamento regional, al advertir contra la eventualidad de que Gobierno y Generalitat alumbren una negociación bilateral que pacifique al nacionalismo catalán y sea impuesta con posterioridad al resto de las comunidades autónomas. Hay demasiados precedentes desde la Transición como para despreciar esta advertencia. Griñán, con el apoyo tácito de otras autonomías, ha afirmado solemnemente que Andalucía no aceptará de ninguna manera que la cuantificación del control del déficit y el nuevo sistema de financiación autonómica sean objeto de negociaciones bilaterales. La multilateralidad se impone porque es de justicia, responde a los mandatos constitucionales y satisface los principios de solidaridad interterritorial sobre los que se ha construido el Estado de las autonomías. El Gobierno está advertido de que no puede tratar de solucionar el desafío soberanista catalán a costa de un perjuicio nítido al resto de los españoles.