COMO ya más no se puede decir sobre Grecia, y además casi todos llevamos a estas alturas un experto helenólogo dentro, huiremos de la macroeconomía: de la deuda griega, de los brutales saldos deudores y acreedores intracomunitarios, del PIB y el déficit, del paro y de todo lo agregado. Traemos aquí hoy un asunto esencialmente microeconómico, porque afecta directamente a las familias y a los individuos: a usted y a sus vecinos. Hace un par de meses lo comentábamos en esta misma sección: las propiedades que la banca ejecuta a clientes morosos e insolventes dejan de pagar la comunidad de propietarios en las que se integran, y lo hacen ipso facto y hasta que consigan vender el piso en cuestión; en dicha venta, le encasquetan la deuda pendiente al nuevo comprador: la banca se financia a costa de los vecinos, el mundo al revés. Esta semana, Cristina Díaz ha publicado en este medio un excelente reportaje cuyo título es bien contundente: Los bancos adeudan 14 millones a las comunidades de vecinos. En el periódico Joly que yo leí, Diario de Sevilla, se refiere a esta provincia; en el resto de provincias andaluzas, la realidad es análoga. En realidad, el asunto es de dimensión nacional. Podemos estimar que, de todos los morosos de comunidades de vecinos de este país, nada menos que una cuarta parte son "los del dinero", los bancos. En Sevilla, por seguir con el ejemplo, es exactamente un 25%. Extraordinaria paradoja.

Se trata, en realidad, de un ejemplo flagrante de una connivencia gobernantes-banca más o menos explícita, que podría ponerse en boca del banco-inmobiliaria más o menos con este discurso: "Si tú dejas de pagarme, prestatario hipotecado, te fundo a comisiones y, si lo haces varias veces, iré a por ti y a por la casa en que vives con gran músculo jurídico; yo, sin embargo, dejaré de pagar mis obligaciones más inmediatas cuando lo estime conveniente. De hecho, no pienso pagar un duro mientras no venda la casa que asumo en propiedad una vez ejecutado el inmueble. Es más, ni siquiera pagaré entonces: el comprador lo hará por mí y se pondrá en paz con la comunidad de propietarios. Para que los vecinos no me den la tabarra en las sucursales, construimos una estructura societaria que hará que todo intento de cobrar parezca kafkiano e imposible. El banco cede las casas a una gestora de pisos ejecutados, una sociedad ya distinta pero aún de mi grupo financiero; ésta a su vez cede toda la gestión de venta a una tercera sociedad más misteriosa, fantasmagórica e imposible de contactar que los espíritus de la güija. De forma que la comunidad no cobra lo suyo, y no se va a atrever a pleitear con nosotros. El que venga detrás, que arree. ¿Que juego con dos barajas? Me debo a mi corporación". Por Sandro Giacobbe, podría apostillar, cantarín: "Los siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo".

El asunto no es baladí. No ya por el daño que se hace a las normalmente sufridas comunidades, sujetas, ellas sí, a la estricta Ley de Propiedad Horizontal, sino por las implicaciones sobre la calidad de nuestro sistema político. Si esto sucede sin gran escándalo ni remedio, es porque el fuerte tiene más derechos que el pequeño: a un vecino moroso lo pueden echar de su casa más pronto que tarde. Unos privilegios que se han descarnado lamentablemente en ocho años de crisis. Si esto es ya de suyo grave, al menos como síntoma de otras connivencias entre gobiernos y grandes corporaciones, derivadas de la promiscuidad financiera entre ambos e incluso de las "puertas giratorias", las consecuencias electorales de este tipo de chanchullos están, nunca mejor dicho, a la vuelta de la esquina. Cabe pensar si estas prácticas no son, también, "antisistema".